“Si es aprobada, las compañías suizas en el futuro tienen que asegurarse que en su cadena de producción no haya violaciones de derechos humanos y del medio ambiente. Tienen una obligación de cumplir y reportar cualquier violación”, explicó a Télam Nina Burri, abogada de la ONG “Pan para todos” y parte de la campaña a favor de la iniciativa.
“Además, y creo que es lo más importante para América Latina, si ocurre alguna de estas violaciones, las víctimas pueden iniciar una demanda en Suiza y pedir una compensación”, añadió la letrada especialista en Derechos Humanos.
Muchas de las multinacionales con sede en Suiza son del sector de los commodities, como la minera Glencore, que tiene el paquete accionario mayoritario de las firmas que operan en el yacimiento Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, y también tiene actividades en Bolivia y Perú entre otros países de la región.
En Perú, por ejemplo, controla la minera Volcán, un importante productor global de zinc, plata y plomo, pero también responsable de la emisión de metales pesados que provocó que unos 2.000 niños presenten síntomas crónicos de intoxicación, sufren anemia, discapacidades y parálisis, de acuerdo a lo que denuncia la comunidad de la localidad de Cerro de Pasco.
“Yo misma trabajé en la República Democrática del Congo donde se investigó el efecto de los yacimientos de Glencore que contaminó los ríos, la tierra y el aire con químicos tóxicos que causaron problemas de salud a las comunidades alrededor de las minas”, destacó Burri.
La iniciativa cuenta con el apoyo de una coalición de diputados de un amplio espectro político, docentes universitarios, sindicatos, 130 ONGs y organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal
Entre la larga lista de multinacionales alcanzadas por la consulta que se vota este domingo están la alimenticia Nestlé, las farmaceúticas Roche y Novartis, la energética Mercuria o la constructora LafargeHolcim, señalada por la contaminación a través de partículas finas de cemento en Nigeria y, más recientemente, en el río Sena de París.
También incluye a la firma de agroquímicos Syngenta que, de acuerdo a Burri, “exporta pesticidas que son prohibidos en Europa, pero no en otros lugares como India, donde son parcialmente responsables de la muerte de granjeros”.
La iniciativa, que recogió 120.418 firmas para poder ser impuesta a votación gracias al sistema de democracia directa que existe en Suiza, cuenta con el apoyo de una gran coalición de diputados de un amplio espectro político, docentes universitarios, sindicatos, 130 ONGs y organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal.
Entre los detractores está el Gobierno y la mayoría en el Parlamento suizo que a cambio prometieron un contraproyecto.
Entre los detractores está el Gobierno y la mayoría en el Parlamento suizo que a cambio prometió un contraproyecto que introduzca nuevas leyes para que las empresas refuercen sus controles en el extranjero, aunque sin avalar las acciones legales en caso de una violación.
“Esta propuesta va demasiado lejos, es demasiado radical”, dijo la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, en línea con el pensar del Consejo Federal (Ejecutivo) que afirmó su preocupación a que las firmas suizas tengan que hacerse responsables por sus proveedores independientes.
En el mismo sentido se manifestaron varias organizaciones patronales que defendieron el espíritu de la iniciativa, pero que consideran que no es la solución al problema con reglas estrictas que pueden desalentar la inversión y la creación de empleo.
“Violar los derechos humanos no debe ser una ventaja económica en el mercado internacional”NINA BURRI
“Pondría a las empresas suizas ya debilitadas por la pandemia en grandes dificultades. Suiza es un país muy pequeño. No deberíamos ser una placa de Petri donde no hay garantía de que esos experimentos tengan un resultado positivo”, aseguró Erich Herzog, de la federación de empresas Economiesuisse, en declaraciones a la cadena británica BBC.
Burri criticó estos argumentos e indicó que “violar los derechos humanos no debe ser una ventaja económica en el mercado internacional”.
Afirmó que las multinacionales eligen Suiza como país para basar sus sedes por los impuestos, sus leyes, la estabilidad y un personal altamente calificado, por lo que “ninguna gran empresa va a abandonar el país si se aprueba la iniciativa”.
Las encuestas de opinión reflejan un cabeza a cabeza en los resultados de la consulta, como el sondeo realizado hace pocas semanas por el grupo de prensa Tamedia que dio 51% de los votos a favor de adoptarla.
Fuente: Télam