- El gobierno descubre la Soberanía Alimentaria.
El pasado 6 de abril, el gobierno de Juan Hernández, a través del PCM 030-2020, creó la denominada DECLARATORIA DE PRIORIDAD NACIONAL DEL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA Y MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
En su artículo 1, el documento declara “…prioridad y necesidad nacional, así como de interés público estratégico para la nación, el sector productor y de procesamiento de alimentos.”
También manifiesta la necesidad de “…asegurar que el país cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria y sanitaria que afecta a la Nación” y señala que estas acciones “deben ser sostenibles en el tiempo para paliar los efectos posteriores a las crisis.”
Aunque no compartimos a plenitud el contenido que antecede, nos parecía que el gobierno de Hernández había llegado a la comprensión de priorizar la producción de alimentos para el consumo nacional, bastante tarde, pero en fin plausible.
Alegría de pobre: se venden tierras a cien Lempiras la manzana
No obstante, inmediatamente en el artículo 4 del documento en mención, el grupo de poder dominante regresa a su normalidad y señala que para el logro de la seguridad y soberanía alimentaria se necesita entregar las tierras ociosas a los terratenientes.
El texto dice: “Se ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de quince (15) días, ponga a disposición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas, a fin de que las mismas puedan ser puestas a disposición de los productores nacionales para la producción de alimentos, para lo cual se establecerá un canon de Cien Lempiras (L.100.00) anuales por manzana, debiendo suscribirse los acuerdos correspondientes”.
Aunque algunos grupos de empresarios agrícolas han manifestado su oposición a esta medida, el mayor temor es de campesinos/as e indígenas que temen ser expropiados de sectores que aún se encuentran en litigio, aunque son ocupados por ellos y ellas desde hace varias décadas.
En este espacio también se olvidaron que, según la Constitución de la República, las tierras ociosas y las incautadas son para fines de Reforma Agraria.
Ya días los conocemos
Lo anterior supone una terrible contradicción, todo Honduras sabe que los grupos de terratenientes y empresarios del agro optaron, desde hace varias décadas, por la agricultura de exportación o agronegocios, motivo por el cual los diferentes gobiernos apoyaron y se asociaron a los productores y empresas de exportación en rubros como el aceite de palma, caña de azúcar, melón, sandía, café, el cacao, la madera, la tilapia, los camarones, etc.
Esta estrategia trajo consigo la desarticulación de la producción para el consumo de alimentos a nivel nacional, pues en su imaginario siempre ha funcionado el concepto de “seguridad alimentaria”, que considera que es lo mismo producir alimentos que tener dinero para comprarlos.
No obstante, las 300 mil familias campesinas pobres que viven de la subsistencia nunca dejaron de producir maíz y frijoles para el consumo propio y para abastecer el mercado nacional. Son ellos los que han logrado sostener la alimentación básica nacional hasta donde la naturaleza se los permite. Cuando esta les ha sido adversa, por la sequía o por la abundancia de lluvias, el Estado de Honduras ha tenido que importar frijoles hasta de países africanos.
Nunca pagan, luego piden condonación
Ahora el gobierno de Hernández acude a sus amigos agroexportadores y los nomina como defensores de la seguridad y soberanía alimentaria, una palabra que no conocen y contra la cual se han mofado durante décadas.
El gobierno les otorga la potestad de incrementar sus fronteras en la obtención de tierras, nacionales y ejidales, y les otorga créditos multimillonarios que, si se replica la historia, nunca volverán a las arcas del Estado, utilizando para ello la clásica condonación desde el Congreso de la República.
No les interesa la población, sino el lucro
El PCM 030-2020 señala: “La producción que se genere mediante el uso de estas tierras ociosas deberá ser utilizada para el abastecimiento del mercado nacional. La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola deben supervisar el cumplimiento de esta disposición”.
Desde nuestras organizaciones sabemos que ni la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería ni el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola son, ni serán capaces, de controlar los excesos de los señores del agro, quienes además de acaparar las tierras ociosas, como las que administra la OABI, y los multimillonarios fondos estatales destinados al combate al COVID-19, venderán la producción al mejor postor, incluyendo los Estados Unidos de América y los países fronterizos a Honduras.
Su preocupación nunca ha sido el consumo de la población hondureña, su preocupación ha sido y será el lucro.
Los rurales vivimos con la naturaleza
ANAFAE articula en sus 34 organizaciones sociales, más de 20,000 familias que producen sus alimentos de manera amigable y respetuosa con el ambiente, la naturaleza, la cultura y saberes tradicionales, cuidando la madre tierra y la casa común.
Estas familias, a pesar de las medidas tomadas por el régimen por el COVID-19, han demostrado mantener altas condiciones de resiliencia debido a que sus sistemas de producción diversificados les han mantenido produciendo lo que comemos y compartiendo con las comunidades y los mercados locales.
Muchas comunidades de campesinos y campesinas, indígenas, comunidades afrohondureñas, han sobrevivido la pandemia sin distanciarse, sin medicarse y sin estar pendiente de un sistema de salud que ya no les servía desde antes de la pandemia.
La ruralidad de Honduras, en general, ha sobrevivido en armonía con los ríos, con la tierra, con los mares, con las playas, con los bosques.
Pero cuando estos Bienes Naturales quieren ser acaparados por las empresas, en contubernio con los funcionarios públicos, eso sí nos preocupa.
Demandamos al gobierno de Honduras:
- Abstenerse de provocar confrontación entre terratenientes y empresarios del agro en contra de campesinos, campesinas, indígenas, comunidades afrohondureñas, pescadores, pescadoras y demás pequeños y pequeñas productoras agropecuarias. En ningún caso debe expropiarse las pequeñas parcelas que sirven como medio de producción a las más de 300,000 pequeñas productoras y productores del campo, ni las playas ni las zonas productoras de agua.
- Contribuir a dinamizar el proceso de Soberanía Alimentaria a través de quienes saben de Soberanía Alimentaria, quienes tienen al menos dos o tres décadas de producir lo que se necesita para alimentarse. Las organizaciones agroecólogas, algunas organizaciones campesinas, indígenas, afrohondureños y ambientales tienen procesos validados que pueden mostrar las vías adecuadas para impulsar un proceso de producción de alimentos, generación de empleos y desarrollo de sistemas de vida sustentables para contribuir verdaderamente a la soberanía alimentaria de nuestro país.
- Establecer una mora en el concesionamiento de actividades extractivas que acaparan el agua de consumo, así como la tierra para la producción agrícola y los lugares de pesca. Debe detenerse la minería metálica a cielo abierto, las ciudades modelo o ZEDE como la que se está estableciendo en el norte de la isla de Roatán denominada Prospera City, o los concesionamientos para explotación de Petróleo y Gas en el Caribe de Honduras, entre otros.
Recomendamos
A las campesinas, campesinos, indígenas, comunidades afrohondureñas, pescadoras, pescadores y demás familias que viven de sus pequeñas parcelas de producción agropecuaria, fortalecer sus organizaciones para defender permanentemente los Bienes Comunes y Naturales, fundamentalmente las tierras individuales y colectivas, los ríos, bosques, áreas de pesca, entre otros, fundamentales para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
Tegucigalpa, 26 de mayo de 2020