De acuerdo a la OIT, cerca de 60% de las personas que trabajan en el mundo están en la economía informal, laborando sin contratos, servicios de seguridad social o ahorros dependiendo del país, las mujeres representan una mayor o menor parte de la fuerza laboral informal, pero sea como sea, a ella se les paga menos que a los hombres [2]
Ahora, debido a las cuarentenas y al confinamiento, las prohibiciones de desplazamiento y los toques de queda, no hay empleos. No tener empleo significa que no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay alimentos. Sin fuentes alternativas de ingreso, la OIT advirtió, “estos trabajadores y sus familias no tendrán medios para sobrevivir” si los trabajadores del sector informal no pueden alimentarse a sí mismos, tampoco podrán seguir alimentando a millones, si es que no son miles de millones más. El trabajo informal es lo que mantiene a los sistemas alimentarios funcionando en la mayor parte del mundo: corresponde, globalmente, al 94% del trabajo agrícola y a una gran parte de la fuerza laboral en la comercialización de alimentos, venta minorista, preparación y reparto, en muchas partes del mundo [4].
La crisis del coronavirus ha dejado al desnudo nuestra dependencia, no sólo del buen funcionamiento de los sistemas alimentarios y de salud, sino de las grandes injusticias cometidas contra aquellos que trabajan en estos sectores esenciales en los tiempos “mejores”: bajos salarios, sin acceso a servicios de salud o de cuidados de niños, sin protecciones de seguridad en el trabajo, con frecuencia sin un estatus legal y sin representación para negociar sus condiciones de trabajo. Esto es una realidad en el sector informal y formal del sistema alimentario global. En verdad, es extremo el contraste entre la riqueza de los cargos altos de las empresas de alimentos más grandes, y la situación de sus trabajadores de la primera línea. Nestlé, por ejemplo, la principal compañía productora de alimentos en el mundo, repartió entre sus accionistas 8 mil millones en dividendos a fines de abril de 2020, una cantidad que supera el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).
Lo único que debe importar ahora es cómo asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos, a la vez que mantiene la seguridad y la salud de las personas en cada eslabón, desde las fincas al consumidor. Por desgracia, ésta no ha sido la prioridad de los sistemas alimentarios durante las últimas décadas y nunca la han hecho efectiva. Pero lograrlo no es tan complicado como puede parecer.
El cierre total lleva al hambre
Desde marzo de 2020, que haya. cerrado la mayor parte de la economía del mundo, significa que muchas personas están confinadas en sus casas o en sus comunidades y no pueden trabajar. Las fábricas se han detenido, los proyectos de construcción se suspendieron, los establecimientos de comida y el transporte están cerrados —y las oficinas también.
En muchos países, fue inmediato que los trabajadores inmigrantes y los estudiantes intentaran regresar a sus casas, donde pudieran estar con sus familias, pero muchos quedaron varados por falta de transporte o por el cierre de las fronteras.
Estas medidas parecen haberse implementado sin pensar mucho en el funcionamiento real de los sistemas alimentarios. Campesinos y campesinas casi siempre han podido (no siempre) continuar trabajando en sus campos, pero —justo cuando es tiempo de cosecha o de nacimientos en muchas partes del mundo— no disponen de fuerza laboral ni de los medios para para transportar la producción y el ganado hacia las cooperativas, puntos de acopio, mataderos, comerciantes y mercados. El cierre de escuelas, oficinas y restaurantes ha ahogado al sistema, originando una gran cantidad de desperdicio. La leche es derramada, los animales son sometidos a eutanasia y los cultivos son arados e incorporados al suelo. De igual modo, los pescadores que pescan de noche, en lugares como Uganda, se han mantenido en tierra debido al toque de queda en las ciudades, la violencia, el abuso, la corrupción han acompañado estos cierres de maneras poco comprensibles. En África oriental, así como en partes de Asia, a los vendedores callejeros que son sorprendidos en las calles se les responde con golpes y balas de goma. Se han producido disturbios en comunidades urbanas y periurbanas cuando la ayuda en alimentos que ha llegado es escasa. En El Líbano, incluso una persona fue asesinada en estos disturbios Y en eSwatini, ex Suazilandia, el gobierno, simplemente, decidió que no entregará alimentos en las ciudades, sólo se enfocará en las zonas rurales.
Mientras tanto, a las compañías productoras de alimentos se les han concedido excepciones al cierre por emergencia, lo cual aumenta la crisis sanitaria, sin que esto mantenga, necesariamente el suministro de alimentos a las personas. Algunos de los peores brotes de Covid-19 han ocurrido en las plantas procesadoras de carne que son propiedad de corporaciones multinacionales en Brasil, Canadá, España, Alemania y Estados Unidos. Aunque estas plantas producen carne sobre todo para exportación, los gobiernos las catalogan un “servicio esencial” y se les permite operar a capacidad máxima, exponiendo, a sabiendas, a sus obreros y a las comunidades cercanas a un grave riesgo de infección. En Estados Unidos, hasta el 6 de mayo de 2020, 12 mil trabajadores de plantas procesadoras de carne habían caído enfermos y 48 habían fallecido. Las plantas procesadoras de alimentos del mar también son focos de infección, como ocurre en Gana, donde un brote en una planta envasadora de atún de propiedad de Thai Union, es responsable de 11% de los casos de Covid-19 en todo el país. Empleadas y empleados de supermercados y de plataformas de comercio electrónico también han enfrentado una gran dificultad para mantener medidas de seguridad mientras estos comercios se mantienen abiertos a fin de mantener los “servicios esenciales”. La mayoría de las plantaciones de palma aceitera se mantienen operativas —manifiestan sus dueños, para apoyar la producción de los muy necesarios jabones para combatir la pandemia— pero algunos han desafiado las ordenanzas locales o no han entregado las protecciones necesarias a sus trabajadores.
La cura tiene riesgo de llegar a ser peor que la enfermedad. Las personas que no tienen trabajo o salario desde el brote de la pandemia —la mayoría del sector informal, pero también personas que laboran en el sector formal—enfrentan ahora la creciente realidad del hambre. El Programa Mundial de Alimentos de la FAO señala que ahora el riesgo existe en unos diez países, la mayoría de ellos involucrados en conflictos armados, como en Somalia o Sudán del Sur. Pero la falta de acceso a los alimentos, debido al cierre de los lugares de trabajos por causa del Covid-19 y la recesión global que de esto resulta ——y que sabemos durará por meses, amenaza ahora a muchos otros países. En India, 50% de las personas de las zonas rurales están consumiendo menos alimentos debido a los cierres. A nivel mundial, el número de personas que sufren de hambre aguda, podrían duplicarse de los 135 millones actuales a 265 millones para fin de año, señala el Programa Mundial de Alimentos.
Los más afectados ya están sintiendo sus efectos. Según informes de prensa, la expresión “prefiero morir de coronavirus antes que de hambre” es común escucharla en Haití, Angola, El Líbano, República Democrática del Congo, Mayotte, India y América Latina. En Bélgica es “o morimos de hambre o de coronavirus. Tenemos que decidir.”. En África Oriental, la expresión es “el hambre nos matará antes que el coronavirus”.
Lo que está claro es que si la propagación del hambre llega a una escala de crisis global, no será por falta de producción o, ni siquiera, por acaparamiento. Hay existencias suficientes. Es el sistema de distribución que muestra su incapacidad para alimentarnos en forma segura —especialmente la parte altamente concentrada y globalizada que no puede responder a la crisis.
Respuestas creativas de la comunidad
Una de las primeras medidas que muchas autoridades tomaron para detener la propagación del coronavirus fue cerrar restaurantes, cafés, puestos de comida y mercados de productos frescos. Como respuesta, las comunidades han ideado muchas otras formas de obtener alimentos cuando es necesario, a menudo usando las redes sociales. En Facebook y Whatsapp, se formaron grupos para identificar en forma colectiva donde hay disponibilidad de alimentos o abastecerse de productos directamente de los agricultores. Los restaurantes y bares que están cerrados usan sus recursos para acceder y re-envasar alimentos comprados en grandes volúmenes, como harina o granos, re envasándolos y vendiéndolos en pequeñas cantidades. “Replantear propósitos” se ha convertido en la frase del día, cuando las comunidades se unen o asumen modos para allegarse de alimentos y hacerlos circular de modos creativos.
Campesinas y campesinos también han ideado formas innovadoras para vender y hacer circular sus productos. En Europa, han comenzado las ventas en casas, entregas a hospitales, ventas por internet, además de conectarse con los consumidores directamente a través de sistemas de apoyo comunitario a la pequeña agricultura y los mercados campesinos. En Asia, los agricultores han usado internet, las redes sociales o las herramientas de comercio electrónico, para organizar mercados alternativos. En Karnataka, India, los agricultores comenzaron a usar Twitter para publicar videos de sus productos y contactarse con los compradores. Otros están reviviendo sistemas tradicionales de trueque para suplir la falta de dinero en efectivo e igualar la oferta con la demanda. En Indonesia, una agrupación de pescadores artesanales en Indramayu, Java Occidental, inició un renovado trueque con grupos de agricultores locales mediante una acción colectiva llamada “granero alimentario de los pescadores”. Como los restaurantes y los mercados han cerrado, los pescadores no tienen compradores. Así que intercambian con campesinas y campesinos, pescado por arroz y verduras. Esto está surtiendo alimentos y seguridad de sustento a las distintas comunidades.
En América Latina, las comunidades rurales son unas de las menos afectadas por el virus. Muchas de ellas se están organizando para entregar alimentos a personas de bajos ingresos en las ciudades. En Cauca, Colombia, el pueblo nasa —que se consideran a sí mismos sobrevivientes de diversos virus, guerras e incursiones de los agronegocios— organizaron de manera colectiva una “marcha de alimentos” y llevan provisiones de sus cosechas “de tierras liberadas a los barrios empobrecidos de la ciudad”, desafiando el cierre por la emergencia. En Brasil, sin ningún apoyo del estado, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras ha donado 600 toneladas de alimentos saludables a los hospitales, a personas que viven en las calles y a otras comunidades vulnerables, en 24 estados en todo el país. Sus miembros también están convirtiendo cafés urbanos en comedores populares e instalaciones educacionales en hospitales temporales, donde trabajadores de la salud aliados de su agrupación, están prestando sus servicios.
En Zimbabue, el cierre por la emergencia paralizó la circulación de productos agrícolas de las grandes fincas, en todo el país. Los pequeños agricultores, con un limitado apoyo, se han apresurado a llenar el vacío, encontrando nuevas formas de llevar verduras y otros productos hasta los mercados. Los organizadores de movimientos campesinos señalan que este cambio en la matriz alimentaria demuestra que el millón y medio de pequeños propietarios son capaces de alimentar a la nación.
Los gobiernos locales, la ciudadanía y las compañías también han hecho su parte. En Vietnam, inventaron dispensadores públicos llamados “cajeros automáticos de arroz” para permitir a las familias acceder en forma gratuita a una ración diaria de arroz sin contacto físico o necesidad de acaparar. En India, el estado de Kerala lanzó una campaña llamada “Subhiksha Keralam” con el objetivo de lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos a través de subsidios, infraestructura y otros mecanismos de apoyo. En Tailandia, en plena cuarentena, se revivieron los puestos móviles de venta de verduras con el apoyo de las autoridades locales de Bangkok. El mercado mayorista de la ciudad está proporcionando cientos de camiones a los pequeños productores y comerciantes para permitirles realizar entregas puerta a puerta. Y en muchas partes de África, los servicios de reparto en motocicletas están ajustando sus prácticas para ayudar a llevar alimentos a las personas que lo necesitan.
Si es gracias a la solidaridad, a la ayuda mutua, al trabajo voluntario o a las cooperativas y si es informal o formal, estos esfuerzos comunitarios para llegar con alimentos donde es necesario, son cruciales y necesitan de manera urgente la entrega de recursos. Si bien es cierto que las iniciativas de base no son “la” solución, ciertamente apuntan en la dirección correcta.
El cambio hacia los sistemas alimentarios comunitarios
Para impedir el desastre del que nos advierten tanto la OIT como el Programa Mundial de Alimentos, apelaríamos a tres tipos de medidas.
Inmediata:
Recursos para iniciativas comunitarias: de manera urgente, necesitamos un reconocimiento y el apoyo masivo a los esfuerzos comunitarios para alimentar a los que lo necesitan. Fondos, herramientas y otros recursos deben ser entregados a estos esfuerzos. Esto puede significar financiamiento o materiales para grupos barriales o comunidades indígenas que necesitan equipos de protección personal, habitaciones o espacios para organizar y transportar stocks de alimentos. Esto puede significar recursos para los gobiernos regionales o locales para realizar el trabajo en conjunto con las organizaciones de base comunitarias, cooperativas y la gente dedicada a la agricultura. Y debe significar apoyo de los mismos gobiernos locales, ya sea a través de medidas administrativas o de infraestructura. Muchos ya lo están haciendo, pero se requiere ampliarlas, masiva y rápidamente. Mientras el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros donantes ayuden a los gobiernos a encarar la crisis sanitaria, financiando sus necesidades, la mayor parte de esto será un gran negocio. Sería mejor asignar más a los gobiernos locales y así lograr que los apoyos lleguen a los esfuerzos comunitarios.
Largo Plazo:
Mejorar las condiciones de los agricultores y de los trabajadores: Necesitamos mejorar la posición de los trabajadores de los sistemas alimentarios, desde la producción o adquisición, en todo su recorrido hasta la venta al menudeo, las entregas y los servicios de comida. Esto implica: salarios más altos o un ingreso universal básico que pague mucho mejor a los trabajadores de bajos sueldos o llegue a personas que hoy están fuera de la economía salarial; un lugar en las negociaciones para redefinir la organización y las condiciones del empleo, como muchas organizaciones de trabajadores están exigiendo; plenos derechos a la previsión de la salud, pagos por someterse a riesgos, condiciones seguras de trabajo y cuidado de la infancia; y quizás, lo más importante, un mejor estatus en la sociedad. El campesinado también debe ser apoyado con sistemas seguros para llegar con sus productos a los mercados y con precios justos que aporten a su sustento. Al mismo tiempo, los trabajadores o “jornaleros” agrícolas deben recibir salarios decentes y condiciones de trabajo saludables. La crisis del Covid-19 ha dejado en claro cuán importante es, para nuestro bienestar, las labores en la agricultura, el transporte, la distribución y la entrega de alimentos. Las personas que trabajan en el sistema están en la primera línea como muchos de los trabajadores de la salud. Se merecen un mejor lugar, mejor paga y una distribución más justa de beneficios —y ahora es el momento de hacer ese cambio estructural.
Rehacer los sistemas alimentarios públicos: Necesitamos reinventar y reforzar los mercados comunitarios en el ámbito de los alimentos, desde el nivel local hacia arriba. Y necesitamos conectar estos mercados con los productos de los agricultores y pescadores a pequeña escala. El cierre por la emergencia del coronavirus nos ha mostrado, de manera muy dura, que no podemos confiar en la estrategia del comercio global y cómo el control del sector corporativo sobre segmentos de nuestro suministro de alimentos, convierte la supervivencia en algo precario. Necesitamos poner fin a los fondos públicos dirigidos hacia corporaciones productoras de alimentos o de los agronegocios, excepto como apoyo a los trabajadores. También necesitamos abordar la concentración en la industria alimentaria, a través de medidas antimonopolios o una legislación anti-fincas industriales y apoyos directos para los pescadores, mataderos, lecherías y mercados en pequeña escala. Sabemos que vendrán más pandemias. Ahora es la oportunidad para avanzar y consolidar una orientación pública para nuestros sistemas alimentarios, algo similar al sector salud donde tenemos investigación médica pública, hospitales públicos y medicamentos genéricos fuera del alcance de la garra de las leyes de patentes, que son útiles a la codicia corporativa. El alimento no es solo un bien público; es un bien social y necesita estar garantizado, protegido y ser entregado a todos como lo es la previsión en salud.
Si algo positivo resulta de esta crisis, puede ser recuperar y reafirmar los sistemas públicos y comunitarios en nuestros países, después de décadas de privatizaciones y un poder corporativo usurpador. Estos sistemas deben apoyar y desarrollarse a partir de soluciones que las comunidades locales ya están mostrando. La alimentación, como la salud, es un importante punto por dónde empezar.
FUENTE: GRAIN