Una antigua contradicción
Reconocemos que la situación de crisis global de salud, provocada por el coronavirus o COVID 19, que la Organización Mundial de la Salud declaró “PANDEMIA” el pasado 11 de marzo, toma de sorpresa a la mayoría de los países, cuyos sistemas de salud son incapaces de responder adecuadamente, dada la demanda masiva de hospitalización y cuidados intensivos que la pandemia reclama.
Esta es una muestra del fracaso del modelo civilizatorio impuesto desde el capital corporativo económico y financiero global, basado en la gestión privada de lo público y la acumulación infinita de riqueza por los amos del mundo, tiene como consecuencias la destrucción de los sistemas de salud pública, entre otras.
En Honduras, la pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de salud pública, como consecuencia de la privatización de los servicios de salud más esenciales, convirtiéndose en un botín para empresarios, financieros, políticos, militares y religiosos afines al Dictador de turno. Las medidas tomadas para enfrentar la crisis, tales como el aislamiento social, toque de queda, con el fin de limitar la expansión del agente infeccioso, generan situaciones de hambre, desempleo, inmovilización social y reacciones de rebeldía e impotencia, por parte de un alto porcentaje de la población hondureña, especialmente de los grupos más vulnerables y empobrecidos.
El origen de nuestra vulnerabilidad
Sin embargo, más allá del COVID 19, es nuestro deber señalar que esta crisis ya existía, lo novedoso es la pandemia, a la que algunos grupos de poder podrían estar agradeciendo su aparición, dado que de esta forma se podría justificar sus equivocadas, inadecuadas y corruptas políticas públicas.
Existe suficiente evidencia de esa crisis histórica, por ejemplo:
- En los últimos 10 años se ha abandonado el sistema de salud y legislado en procura de “tercerizar” los siguientes servicios: diálisis, medicamentos, varios tipos de intervenciones quirúrgicas que el Estado compra a particulares, corrupción en el seguro social, ninguna construcción de facilidades hospitalarias, cesión de hospitales públicos a la UNAH y ONGs. Es decir, destrucción del sistema primario de atención a la salud que hoy, arruinado, limitado y sin implementos de bioseguridad, debe enfrentar la crisis con las puras manos. ¡¡ Cuánta razón teníamos cuando exigíamos más hospitales y menos batallones!!!, Hoy miramos militares bien preparados y armados hasta para la guerra biológica, pero nuestros médicos y enfermeras empiezan a caer, heroicamente, ante del contagio con el coronavirus.
- En los últimos 10 años se ha promovido, para beneficio de empresarios inescrupulosos, la desregulación de la legislación laboral: salario mínimo según zonas del país, contrataciones temporales, empleo por hora, tercerización de los servicios de seguridad y transporte. Todo eso que ha conformado una masa laboral sin capacidad de ahorro, sin seguridad social, empobrecida y sin esperanza de vida que ahora debe mantenerse en casa sin alimentos, sin empleo y esperando la ayuda gubernamental que solo aparece para los activistas del partido de gobierno.
- El resultado de la famosa Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), fue la desarticulación de la legislación agraria constitucional y el desmontaje de la institucionalidad del sistema agropecuario nacional. Hoy dependemos de las importaciones de granos básicos, carnes, huevos, etc. Ante la crisis actual, miles de trabajadores agrícolas, que de productores pasaron a ser asalariados, quedan no solo desempleados, sino imposibilitados de adquirir alimentos con los miseros sueldos que pagan cañeras, camaroneras, meloneras, palmeras, bananeras, en fin todas aquellas empresas de agroexportación. Al conceder las tierras y aguas para cultivos de exportación, generación de energía, turismo y minería; las zonas rurales dejaron de ser productoras de maíz, frijoles, leche, cerdos, lácteos, frutas, verduras, y hoy la mayoría de los campesinos/as son parte de las regiones y personas que demandan ayuda alimentaria. Con las raras excepciones de las familias campesinas que hacen esfuerzos con criterio agroecológico, para cultivar fincas diversificadas, generan empleo y alimento para sostenerse y que gozan de soberanía alimentaria, porque no dependen ni de patrones ni de insumos importados, ellas y ellos están sobrellevando esta crisis con menos sacrificio que el resto de los/as hondureños/as.
- Ya, desde el 2018, las caravanas de migrantes desnudaron la perversidad del modelo neoliberal implementado y la incapacidad del régimen para responder a los ingentes problemas sociales del país. Ni las privatizaciones de puertos, aeropuertos y carreteras, ni las concesiones de territorios para explotación minera, monocultivos, turismo y generación de energía de todo tipo, ni las excepciones de impuestos a los empresarios, ni la facilitación de trámites de importación y exportación, ni las propuestas de ciudades modelo, nada de eso contribuyó a generar empleo y desarrollo. Este supuesto enfoque de “Desarrollo” solamente desmontó el sistema tradicional productivo de alimentos, destruyó el medio ambiente por la deforestación, destrucción o acaparamiento de cuencas hidrográficas, disminuyendo la resiliencia ante el cambio climático, otorgó impunidad para políticos y empresarios vinculados con el narcotráfico, aumentó la violencia e inseguridad ciudadana. En resumen se deterioraron las condiciones de vida de los/as hondureños/as que no tuvieron más alternativa que huir del país, arriesgando su vida ante la delincuencia y las condiciones climáticas de las diferentes rutas que llevan a Estados Unidos.
Hoy, ni lo anterior es posible. La migración dejo de ser alternativa. En España y Estados Unidos también existe el COVID 19, también tienen dificultades para atender pacientes y mantener empleos. Todos los expertos señalan que las remesas se reducirán o desaparecerán. Pareciera que si no nos aniquila la pandemia, solo nos esperara la muerte en casa.
Medidas improvisadas y sectarias
No obstante lo anterior, el titular del régimen y sus cercanos colaboradores aparecen diariamente dando órdenes, aconsejando no salir de casa, inventando disposiciones sanitarias, improvisando medidas de aislamiento, “bajando santos del cielo”, pero siempre manteniendo como su prioridad el apoyo a los militares y su policía, a quienes, por encima del personal de salud, ha llegado a denominar los héroes que están en la primera línea de batalla contra el virus. Eso sí, héroes debidamente pertrechados y no como los médicos y enfermeras que enfrentan al agente contagioso con las manos vacías y bocas descubiertas.
Las medidas económicas tomadas por el régimen no parecen favorecer o apoyar directamente al pueblo hondureño. Las medidas son para disminuir y mitigar las posibles pérdidas de los empresarios, entre ellas ampliar tiempos para el pago del impuesto sobre la renta, reconocer un 8% de reducción al impuesto sobre la renta por el pronto pago, autorizar a los empresarios para que los días en cuarentena puedan ser deducidos o aplicados a las vacaciones de los/as trabajadores/as, así como disponer de mecanismos para facilitar despidos por pérdidas derivadas del coronavirus. Como siempre el pueblo debe sacrificarse. No se han planteado medidas que ayuden directamente a la población, tales como condonar pagos de servicios públicos como el consumo de energía, consumo de agua, alquileres, etc.
Saquear los Bienes Comunes en tiempo de crisis
La crisis también se está aprovechando para continuar el despojo de los territorios, hoy los empresarios pueden solicitar y recibir aprobación, de licencias ambientales en Línea (o virtualmente) para la explotación de recursos mineros, hídricos, maderables y de cualquier otro Bien Natural o Común. Se autoriza a CONATEL a concesionar frecuencias de banda ancha para facilitar la “comunicación”, desde luego que no son concesiones para radioemisoras o prestadores de servicio de internet comunitarios, sino a las compañías de telefonía celular que acaparan el mercado nacional. Podríamos decir que el COVD 19 también sepultó a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL, una empresa que en el pasado fue de las más rentables del país, por supuesto, antes de la llegada de CLARO y CELTEL, a quienes el mismo régimen no logra controlar, por tratarse de unos de sus mejores socios.
Vuelven los asesinatos de dirigentes sociales
Queremos advertir que esta crisis está siendo aprovechadas por empresarios inescrupulosos que, al amparo de la policía y utilizando sus propios cuerpos de seguridad están “sacando de circulación” a los liderazgos sociales que se les oponen en su avidez de acaparamiento de tierras y otros bienes naturales para sus propósitos de producción extractivista. Prueba de lo anterior ha sido el asesinato de la señora Iris Argentina Álvarez, quien fuera asesinada mientras su grupo campesino ocupaba predios en disputa cercanos a la azucarera La Grecia, en el municipio de Marcovia, el pasado 2 de abril.
Unos a la bulla…y otros evadiendo la justicia
Finalmente queremos señalar que aprovechando la crisis los grupos de poder se están dando a la tarea de liberar a varios capos, exfuncionarios públicos que han estado involucrados en el saqueo del Estado de Honduras, son los mismos que fueron denunciados y judicializados por la MACCIH y la UFECIC, motivo por el cual estas dos organizaciones fueron eliminadas por el régimen actual.
DEMANDAMOS EN LO INMEDIATO:
- Suspender la adjudicación, por cualquier medio, de licencias ambientales sin la debida investigación y definición de impactos.
- Suspender toda actividad minera, metálica y no metálica, pequeña o industrial, que además de afectar al ambiente, coloca a la población en condición de vulnerabilidad ante la inevitable presencia del coronavirus COVID 19. El polvo, escasez de agua, contaminación de aire y otros aspectos que son comunes en las zonas mineras, evidentemente colocan en mayor vulnerabilidad a los seres humanos ante este tipo de virus.
- Destinar los fondos del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) que actualmente han sido asignados a las FFAA, para la producción agroecológica en el país, evidentemente manejado por organizaciones y asociaciones de productores, que han demostrado desde la experiencia, la viabilidad de esta propuesta para la producción de alimentos sanos, culturalmente adecuados, para la generación de empleo, limitar la migración y hacer efectivos derechos fundamentales para la vida como el derecho a la alimentación. esto implica asistencia técnica y facilitación crediticia para la adquisición de semillas locales, ya adaptadas a las condiciones climáticas de las regiones y tierras de cultivo, pero sobre todo eliminar los procesos de concesionamiento de los territorios para actividades extractivas. Estos recursos deben priorizar el apoyo a las familias campesinas que han adoptado, o estén dispuestas a adoptar, prácticas agroecológicas y la diversificación de cultivos para contribuir a mitigar los impactos del cambio climático, reducción de la importación de insumos y por ende menor requerimiento de divisas. Este fondo deberá ser manejado por las alcaldías municipales. Las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) locales deben supervisar los procesos de otorgamiento y gestión.
- Establecer precios de garantía y sus mecanismos de control para la Canasta Básica de Alimentos (CBA). El Estado debe promover sistemas de comercialización local justos y equitativos para productores/as y consumidores/as. Comprendemos la lógica de ganancia en el proceso de comercialización, sin embargo esta debe tener un límite que permita la debida sobrevivencia del consumidor.
- Atender con ayuda alimentaria directa a la población que no puede acceder por si misma a los alimentos que garanticen el sustento familiar, mientras el estado de emergencia por el COVID 19 siga vigente. En este sentido recordamos que Honduras es firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y que es Obligación del Estado garantizar en este tipo de casos, tal como lo dispone la Observación General 12 para el Derecho a la Alimentación. Independientemente de la urgencia, el tipo y cantidad de la alimentación que se provea debe ser inocua y adecuada, tanto en los requerimientos nutritivos como en su aceptación cultural. Para un buen manejo sobre la ayuda alimentaria de emergencia los recursos económicos deben ser transferidos real y efectivamente a las municipalidades. Estas a su vez deben ser transparentes y ofrecer la información de gastos, compras y entregas de alimentos mediante los mecanismos más adecuados, incluyendo de ser posible las publicaciones en páginas web. Una vez superada la pandemia, las municipalidades deberán ser auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas con el acompañamiento del CNA y la participación de las Comisiones Municipales de Transparencia.
Debe asegurarse que la compra de alimentos para su distribución, en primer lugar, debe hacerse a productores locales de alimentos y que solamente en caso de no existencia debe recurrirse a los grandes almacenes nacionales o a la correspondiente importación.
- Establecer una estrategia de control de la salud y generación de empleos para la recepción de emigrantes retornados/as, voluntarios o forzados. Es obvio que muchos compatriotas tendrán que regresar al país al terminarse las condiciones que les favorecían en el extranjero, o, más allá de su voluntad, el endurecimiento de las políticas migratorias en los países de acogida.
- No debemos olvidar la verdadera impartición de justicia, además de haber capturado a los hechores materiales de la compañera luchadora por la tierra Iris Argentina Álvarez, debe capturarse a los hechores intelectuales, quienes dieron la orden de que se apostaran ese día 27 vehículos entre policías, militares, y cuerpos de seguridad privados de varias empresas del agro, entre ellas de la Azucarera La Grecia.
- Evitar el aprovechamiento de la crisis para liberar a gente que esta presa o tiene procesos incoados por el saqueo de instituciones públicas. Esta gente no debe estar proscripta para cualquier tipo de liberación penitenciaria.
DEMANDAMOS EN EL MEDIANO PLAZO:
- Asegurar la producción de alimentos a nivel nacional (Soberanía Alimentaria), mediante la reactivación de la agricultura como prioridad nacional a través del soporte económico y técnico adecuado para los 300,000 pequeños productores campesinos e indígenas que aun sustentan la alimentación nacional. Entre otras medidas que pueden acompañar esta estrategia está la dotación de tierras a Los Sin Tierra mediante las tierras confiscadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), las tierras ociosas y otras mal adquiridas por terratenientes. Debemos replantearnos que la Soberanía Alimentaria es un derecho y organizar ese derecho en base al trabajo de las áreas de producción de las familias rurales, solamente de esta manera podremos enfrentar el hambre en tiempos de crisis y garantizar la alimentación universal.
- Crear Bancos de alimentos básicos a nivel municipal y comunitario como centros de abastecimiento básico, que aseguren acceso y disponibilidad de alimentos a precios justos para las poblaciones locales.
- Establecer una estrategia nacional de inversión social, para garantizar el derecho a la salud pública de los/as hondureños/as, que implique la construcción de hospitales, centros de salud y carreteras, equipamiento, producción y abastecimiento de medicinas y empleo universal del personal de salud.
- Necesitamos que como país reenfoquemos el desarrollo, este no puede darse solamente para unos que en complicidad con el extractivismo internacional continúan con prácticas neocoloniales de arrebatamiento de tierras, contratación de mano de obra semejante al esclavismo y militarización de las comunidades para agredir a los Defensores de Derechos Humanos que luchan por los bienes naturales. El agua, la energía, los bosques, las minas, los ríos, las playas, los mares y demás bienes naturales, antes que todo son medios de vida de las comunidades, no son productos o insumos para el enriquecimiento de unos pocos conquistadores y sus cómplices de gobierno.
¡No volver a la Honduras de antes del COVID 19, necesitamos una nueva Honduras!
Tegucigalpa, 7 de abril 2020