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Produce alimentos sanos libres de venenos químicos y transgénicos. Apoyemos a las familias agroecológicas consumiendo sus productos sanos, sabrosos,  saludables.

Sabías que, una libra de café produce alrededor de 35 a 40 tazas. El consumidor final paga en promedio US$ 5.00  por taza, en Europa, EUA y Japón, lo que significa que el saco de 100 libras (45 Kilos), genera ingresos brutos a la cadena de intermediación por un monto de US$ 17,500.00.

El productor recibe entre 130 a 140 US$ por Quintal, esto supone 0.8% de valor final en taza.

Esta es una forma de esclavitud moderna. Millones de ´productores empobrecidos por un modelo de negocio que extrae los magros recursos de nuestros a los bolsillos de los grandes capitales globales.

Apoyemos a nuestros productores y luchemos por mejorar los precios a los pequeños productores para que puedan reinvertir en sus familias, sus sistemas productivos agroecológicos y una vida con dignidad.

Por una economía verdaderamente justa y solidaria

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Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.​

Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos

El virus del Covid-19 ha eclipsado durante algún tiempo la creciente crisis climática y ambiental que enfrenta el mundo. Los alarmantes índices de deforestación, desertificación, degradación ambiental y contaminación continúan amenazando la biodiversidad de nuestro planeta, así como la salud y los medios de vida de miles de millones de personas.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas sustanciales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales de hecho están “redoblando la apuesta”. Quieren explotar más tierras apelando a un discurso basado en el eufemismo de darles un “uso productivo” en nombre del “progreso” y el “desarrollo” económico. En todo el mundo, los gobiernos se ven presionados a invitar a inversionistas internacionales para que exploten más tierras y recursos para la tala, la ganadería, las plantaciones de palma aceitera, de árboles maderables y otros cultivos, así como para minería, petróleo y gas.

Sin embargo, un obstáculo para esta expansión han sido los regímenes de tenencia de la tierra que prevalecen en varios países, así como los derechos que otorgan a las personas que viven en esas codiciadas tierras. Un 65 por ciento de la superficie terrestre del mundo todavía está administrado por comunidades con sistemas consuetudinarios (1). Se ha demostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son eficientes administradores de su tierra, gestionada bajo una variedad de sistemas de tenencia comunitaria y colectiva.

Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, que contiene un 80 por ciento de la biodiversidad mundial (2). Varios países anteriormente colonizados han adoptado sistemas duales de tenencia de la tierra, los cuales reconocen las leyes consuetudinarias sobre la misma y, a la vez, establecen que toda la tierra es propiedad del Estado (3). Esta situación se considera una limitación para los inversionistas y las empresas. Como lo expresó el Banco Mundial, “los derechos indocumentados [sobre la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” (4), y en el caso de África, el continente está “frenado por la confusión en materia de propiedad de la tierra” (5).

Promoviendo el despojo

Un informe reciente del Instituto Oakland titulado “Promoviendo el despojo: el empuje global para desbloquear el potencial económico de la tierra” (Driving Dispossession: The Global Push to Unlock the Economic Potential of Land) (6), detalla las diversas formas en que los gobiernos, voluntariamente o por la presión de las instituciones financieras y los llamados países donantes, intentan privatizar la tierra y hacerla accesible para ser explotada. Esas formas incluyen a las reformas agrarias, cambios en las leyes y reglamentaciones, uso de nueva tecnología para el registro de tierras, así como la eliminación de las salvaguardas vigentes que protegen a los pueblos indígenas y el medio ambiente.

El informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos

Es importante destacar que el informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos, a través de una serie de vías. Millennium Challenge Corporation (MCC), una entidad del gobierno estadounidense con la misión declarada de “reducir la pobreza a través del crecimiento”, tiene un historial documentado de presionar a los países para que transfieran tierras de agricultores familiares a inversionistas para desarrollar la agricultura industrial. En Sri Lanka, el convenio de la MCC tiene la intención de mapear y registrar hasta el 67 por ciento del país para “promover transacciones de tierras que puedan estimular la inversión y aumentar su uso como activo económico”.

Al igual que la MCC, y en contradicción con su propia investigación que durante mucho tiempo reconoció el valor de los sistemas tradicionales, la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID) también juega un papel importante en el financiamiento y promoción de proyectos de titulación de tierras de propiedad privada en todo el mundo. Las empresas estadounidenses también están cada vez más involucradas y han introducido una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques) como la solución mágica para asegurar la tenencia de la tierra.

Blockchain es un registro financiero digital que realiza un seguimiento de las transacciones en una “cadena” cronológica, con “bloques” de información que almacenan datos tales como la fecha, la hora, la cantidad y los participantes de una transacción. Es un registro financiero distribuido, lo que significa que cada vez que ocurre una transacción, debe ser verificada por una red de miles o posiblemente millones de computadoras en todo el mundo antes de que la transacción pueda registrarse como un bloque de la cadena. Esto hace que sea prácticamente imposible alterar las transacciones de forma retroactiva (7).

Los defensores del uso de la tecnología blockchain para la administración de tierras argumentan que tiene el potencial de mejorar la seguridad y la transparencia de los registros de tierras en la medida que almacena toda la información sobre los límites de la propiedad y los propietarios en una fuente en línea inmodificable. Sin embargo, la aplicación de la tecnología requiere que los países avancen hacia sistemas de propiedad privada de la tierra, que requerirán registro y digitalización.

El programa de titulación de tierras de Zambia basado en blockchain, dirigido por una subsidiaria de la tienda virtual estadounidense de venta al público Overstock.com, demuestra cómo blockchain se usa realmente para privatizar la tierra y acceder a los recursos naturales. Patrick Byrne, exdirector ejecutivo de Overstock.com, dejó claras sus motivaciones cuando dijo que el objetivo del proyecto era desbloquear billones de dólares de reservas minerales mundiales que son inaccesibles debido a sistemas poco claros de gobernanza de la tierra. En 2018, Overstock.com firmó un acuerdo con el Banco Mundial para colaborar en proyectos similares en decenas de otros países, pero hasta ahora el Banco se ha negado a hacer público este acuerdo.

Estados Unidos también tiene un poder político y financiero desmesurado sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven políticas y reglamentaciones destinadas a privatizar los comunes en beneficio del sector privado.

En Ucrania, por ejemplo, el FMI condicionó el apoyo financiero que se necesitaba desesperadamente a la creación de un mercado de tierras. Después de años de presión internacional y en medio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, el país adoptó una ley que crea un mercado de tierras a pesar de la oposición de más del 70 por ciento de la población.

Cuando se trata de apoderarse y privatizar tierras en el Sur Global, el Banco Mundial es un instrumento clave de la agenda empresarial encabezada por los Estados Unidos, que es el principal donante de la institución.

Financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, el programa del Banco Mundial Facilitando los Negocios en la Agricultura (conocido por sus siglas en inglés, EBA) se supone que respaldará la “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el desarrollo agrícola desde el sector privado en África.

En 2019, el informe del Oakland Institute, “El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales” (The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons), denunció el agresivo ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra impulsado por el programa, que promovió la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores, pastores y pueblos indígenas.

A través de la EBA, el Banco recomendó a los gobiernos formalizar los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y arrendamiento de terrenos para uso comercial, sistematizar la venta de terrenos públicos en subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación para dar el “mejor uso” a la tierra. Ignoró el hecho de que miles de millones de personas viven y trabajan en estas tierras, que son esenciales para sus medios de vida y representan bienes ancestrales con una profunda importancia social y cultural. Nuestros resultados generaron indignación en todo el mundo y, en lo que fuera un avance importante, el Banco finalmente eliminó el nuevo indicador de tierras en el informe de la EBA de 2019.

En cambio, reconoció la importancia de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y anunció que las salvaguardas para proteger estos derechos deberían ser “una prioridad del desarrollo” (8). La eliminación de dicho indicador es una victoria para miles de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas de todo el mundo que dependen de su tierra para su sustento, así como para las más de 280 organizaciones de la sociedad civil que se han unido a la campaña  Our Land Our Business (Nuestra Tierra, Nuestro Problema) para hacer frente al Banco Mundial.

Más allá de los cambios retóricos (…) las recetas del Banco [Mundial] para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra.

Sin embargo, más allá de los cambios retóricos, como se vio anteriormente, las recetas del Banco para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra. En la República Democrática del Congo (RDC), el Banco Mundial, por ejemplo, ha financiado y guiado el desastroso plan del gobierno de establecer 22 parques agroindustriales en todo el país, lo que ha llevado al acaparamiento de tierras y al despilfarro de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en la implementación del primer parque piloto (9).

El apoyo a los parques agroindustriales es coherente con el modelo de desarrollo impulsado por el Banco Mundial en todo el mundo, que fomenta polos de crecimiento, corredores de desarrollo y zonas económicas especiales como instrumentos para atraer inversión extranjera.

En lugar de proteger los derechos de las comunidades a la tierra, se alienta a los gobiernos a actuar bajo la suposición profundamente errónea de que el “desarrollo” solo puede lograrse otorgando a los intereses empresariales acceso ilimitado a sus recursos, como lo promueven el Banco Mundial y los llamados países donantes.

La privatización de la tierra estatal y comunal, realizada con el pretexto de “desbloquear” el potencial de la tierra, satisface las necesidades de los intereses empresariales a expensas de millones de medios de vida y sustento. Al fomentar la creación de “mercados de tierras”, el Banco no puede ignorar que dentro de un sistema de mercado donde la tierra no es más que una mercancía, las empresas pueden excluir a las personas provocando desalojos y despojo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas y degradación ambiental.

El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Este discurso del desarrollo continúa cobrando fuerza, a pesar del papel decisivo que ha tenido en la actual crisis climática y ambiental, así como de los millones de medios de vida que ha destruido con desplazamientos y despojo. El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Esta persistente mercantilización de la tierra debe confrontarse con una fuerte acción para detener y revertir la privatización de los territorios y los comunes en todo el mundo. Existen alternativas comprobadas que se han implementado con éxito en todo el mundo. Las tierras y aguas indígenas representan el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo, y cada vez más se acepta que las comunidades locales y los pueblos indígenas son guardianes efectivos de estas áreas. Se posicionan como la última línea de defensa contra el acaparamiento de tierras y las prácticas destructivas de gobiernos y empresas que convierten las tierras de cultivo familiares, los pastizales y los bosques en monocultivos industriales, grandes ranchos y minas desmanteladas.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.

Fuente: Servindi

El Decreto Ley  № 4/2020, promulgado el 23 de julio, prevé la creación de una Comisión Nacional que se encargará de adoptar decisiones relacionadas con los OGM, según explicó a la prensa local Antonio Casanova Guilarte, director de control ambiental de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
 
La Comisión será presidida por el CITMA y tendrá a los Ministerios de Salud y Agricultura entre sus integrantes. La nueva entidad tendrá jurisdicción sobre todas las actividades del sector agrícola que involucren OGM. Durante la conferencia de prensa se informó, además, que entre los cultivos a promover por esta alternativa estarían el maíz y la soja.
 
Al anunciar el Decreto Ley a la prensa nacional, Armando Rodríguez Batista, viceministro del CITMA, definió la política sobre el uso de transgénicos en Cuba como “una alternativa para desarrollar la productividad, coherente con una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria, sobre la base de la investigación autóctona”.

Sin embargo, para Silvia Ribeiro, responsable de programas del  Grupo ETC, “es una decisión para nada compatible con un desarrollo agrícola sostenible, social, económico y ambiental, ni en Cuba, ni en ninguna otra parte del mundo”.
 
El Grupo ETC monitorea el impacto de las tecnologías emergentes y las estrategias corporativas sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos en diversas partes del planeta.

Al comentar sobre el maíz transgénico producido en Cuba, Ribeiro puntualizó a SciDev.Net por correo electrónico que “los cultivos Bt –que se decía usarían menos agrotóxicos– probaron que las plagas se han hecho resistentes en muchos casos”. Ella es coautora del libro Transgénicos en Cuba. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate, publicado en 2009.
 
La decisión se toma en un momento difícil para la economía cubana, en medio de una crisis de abastecimiento de alimentos básicos agravada por la pandemia del nuevo coronavirus.
 
Según el gobierno cubano, el impulso a la producción de OGM a partir de semillas transgénicas producidas en el país ofrece sostenibilidad a esa práctica.
 
Informes periodísticos señalan que el país gasta más de USD 500 millones en la importación de materias primas para alimento animal y concentrados (solo en maíz más de USD 200 millones).
 
El vice titular del CITMA defendió la medida señalando que los OGM “son bienes creados en Cuba y una opción para la producción de semillas para el avance agrícola, lo cual hace que esta política sea completamente coherente con un desarrollo sostenible”.
 
Sin embargo, Alcides Carrazana, investigador y agroecólogo residente en las afueras de la ciudad de Bayamo –a más de 700 kilómetros de La Habana– puntualiza que no existe “transgénico bueno o transgénico malo”.
 
Vía WhatsApp, Carrazana dijo a Scidev.Net que “transgénico, químico, mecanización y extensión de cultivo es la antítesis de la soberanía alimentaria, de la sustentabilidad y del desarrollo sustentable a mediano plazo”.

En un  artículo publicado en la plataforma OnCuba el economista cubano Juan Triana se pregunta si en la isla sería posible “cambiar el paradigma tecnológico que acompaña el cultivo transgénico a escala mundial”, y “lograr semillas que no requieran el uso masivo de glifosato o de glufosinato de amonio”.

Décadas de investigación en transgénicos

La investigación con OGM en Cuba comenzó en los años 80, cuando el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) impulsó estudios en transgénesis de plantas. En diciembre de 2008 se sembraron tres hectáreas de maíz FR-Bt1 en el Valle de Caonao, ubicado en la central provincial de Santi Spíritus, en la zona central del país.
 
A partir de ese momento surgieron varios debates sobre la pertinencia de emplear o no los cultivos transgénicos como alternativa para aumentar la productividad agrícola en el país, una necesidad que ha crecido en medio de la situación actual, cuando las restricciones del embargo de Estados Unidos contra Cuba han aumentado.
 
Durante la presentación del nuevo Decreto-Ley, Rodríguez Batista dijo que “entre los principios fundamentales de esta política está el incorporar el uso ordenado y controlado de los OGM en los programas de desarrollo agrícola, como una alternativa más para incrementar la productividad”.
 
Sin embargo, Ribeiro aseguró que los transgénicos, “en promedio rinden menos que los híbridos ya existentes y usan mucho más agrotóxicos, que además son derivados de petróleo y serán de alto costo en Cuba”.

Fuente: SciDev.Net

La solución a estos problemas, como lo sugiere la FAO, es la transición a la agricultura sustentable. Esta ha sido practicada por numerosos grupos indígenas desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo 20, que visionarios como Eve Balfour y Lord Northbourne comenzaron a popularizar el término por medio de su trabajo que confirma la importancia de la diversidad, el conocimiento ecológico y el valor de la agricultura familiar a pequeña escala. Las evidencias científicas sugieren que necesitamos urgentemente una reconstrucción total del sistema agroalimentario y en varios países, incluyendo a México, se han iniciado planes para lo que se ha denominado la “transición agroecológica”.

La agroecología incluye una serie de prácticas y principios ancestrales que incluyen el uso de variedades nativas, los cultivos intercalados, la agroforestería, la conservación de semillas, medidas de conservación de suelos, tal como la labranza cero o reducida; y la producción de abonos a partir de materiales locales.

Aunque es esperanzador ver esta ola de interés para transformar la forma en que cultivamos, la simplificada versión de la agroecología que se está promoviendo es preocupante. La transición agroecológica tiene como punta de lanza una mera “sustitución de insumos”. Se promueve sustituir los fertilizantes y plaguicidas sintéticos por aquellos que son orgánicos.

No nos tomen a mal: nosotros apoyamos las acciones que motivan a cambiar de convencional a orgánico. Sin embargo, debemos distinguir las prácticas que son sustentables de las que solo tratan de dar respuestas rápidas y pretenden ajustarse a todas las condiciones, tal como lo hicieron las tecnologías que nos llevaron al lío en el que estamos metidos.

Por mas de una década hemos documentado la efectividad de las prácticas tradicionales de agricultores indígenas de Guatemala y documentado estrategias para la sustentabilidad. Como en otras áreas de Mesoamérica, las familias con las que trabajamos confrontan serios retos para mantener su herencia campesina. La sequía es cada vez mas frecuente y severa; el contexto político económico es hostil, y las consecuencias de la violencia de los años 80, cuando aldeas enteras fueron arrasadas por el ejercito y paramilitares, aun persisten.

Como una forma de mejorar la soberanía alimentaria y atender la restauración cultural y ambiental, muchas familias se han volcado o retornado a la agroecología. Por medio de la diversificación de cultivos, el rediseño y el uso sustentable de recursos locales, se han hecho más resilientes y menos dependientes en insumos externos. El sistema milpa, desarrollado en Mesoamérica hace miles de años, es una de las mejores estrategias para mantener la humedad del suelo, enfrentar el cambio climático y brindar una dieta sana.

Estas familias tienen que resistir programas nacionales e internacionales que regalan agroquímicos y semillas híbridas, que a pesar de aumentar los rendimientos en los primeros años, no pueden ser guardadas y según los productores no resisten la sequía. La lógica detrás de esos programas, además de apoyar una industria multimillonaria, es proveer soluciones rápidas a problemas relacionados con la falta de nutrientes en el suelo, así como reducir los costos de mano de obra. La sustitución por bioinsumos orgánicos podría minimizar los daños asociados al uso de agroquímicos sintéticos. Entonces, ¿qué hace a esos bioinsumos tan incompatibles con los sistemas agrícolas sostenibles?

Para comenzar, como lo sugiere el experto en sustentabilidad Jules Pretty, el fundamento de cualquier sistema agrícola sostenible es el uso efectivo e ingenioso de los recursos locales por parte de pequeños agricultores locales. Para que esto ocurra se necesita un fuerte capital social, un íntimo conocimiento de la ecología del lugar e innovación continua. Los problemas con la introducción de “bioinsumos” en las comunidades es el desplazamiento de las prácticas locales y el riesgo de crear nuevas formas de dependencia. Tal como la introducción de agroquímicos provocaron disturbios en los procesos agroecológicos locales hace 40 años, los equivalentes orgánicos continúan este ciclo, desplazando los saberes locales sobre cómo mantener la fertilidad del suelo por medio del cuidadoso manejo de la materia orgánica, sobre cómo evitar las plagas por medio de los policultivos y el conocimiento de los tipos de suelo y microclimas, que entre las familias con las que trabajamos, involucran una profunda conexión con el territorio y su gobernanza.

Además hay cierta evidencia de que los bioinsumos podrían afectar a los microorganismos nativos del suelo y a los insectos benéficos. Los biofertilizantes producidos en un laboratorio podrían ser de utilidad en una región donde el uso intenso de agroquímicos ha eliminado la vida en el suelo, pero podría eliminar a las bacterias y hongos que las prácticas tradicionales han logrado mantener vivos para darnos cultivos ricos y nutritivos. Algunos bioplaguicidas son muy específicos y atacan únicamente a una plaga, pero la mayoría también afectan a polinizadores como las abejas, y a catarinas y avispas que controlan a las plagas.

Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideran al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas. Necesitamos reconocer a aquellos que mantienen los saberes tradicionales, apoyar a los grupos comunitarios, e introducir nuevas técnicas solo cuando sean fácilmente apropiables, en armonía con el entorno natural y cultural, y cuando se haya considerado su impacto desde una visión ecológica.

Solo cuando esto ocurra veremos cambios para una agricultura y un sistema alimentario verdaderamente justos.

Fuente: La Jornada

¿La agricultura del futuro llego a la Argentina? Si la pandemia pone en evidencia un modelo productivo que está en crisis entonces, ¿no hay salida para la vida? Desde el portal Naturaleza de Derechos acaban de publicar un documento llamando la atención sobre una política de Estado que reafirma el modelo extractivo de producción agrícola ganadero que, sabemos, perjudica gravemente la vida en todas sus formas.

Bajo el argumento de asegurar la alimentación de los pueblos con la bandera de la seguridad alimentaria, las corporaciones, cuyas ganancias provienen del negocio agroganadero, vienen explotando la vida, como lo refleja la actual pandemia. La actividad agroganadera que nos alimenta parece que ha dejado de ser algo relacionado con la naturaleza y se convierte en un sistema digital de control, referenciación y prescindencia de los saberes de los pueblos.

“Carne sintética ultraprocesada, material celular con sabor a pollo o pescado, huevos artificiales, semillas de maíz, soja, girasol y también todas las frutas, hortalizas y verduras sometidas a la edición genética mediante la técnica CRISPR, campos despoblados controlados por drones teledirigidos y programables para sembrar, medir variables y seguir fumigando con nuevos combinados de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos con la incorporación de software de precisión para mapear y recolectar toda la información de los recursos biológicos y genéticos, automatización de procesos físicos de cosecha”, es parte de la larga lista de actividades y procesos que reflejan la realidad de las actividades agroganaderas ligadas al Nuevo Paquete Tecnológico del Sector Agropecuario, AgTech.

Tecnología digital aplicada a la agricultura tal como lo describe una corporación bancaria, o como explica la Asociación Argentina de Siembra Directa (Aapresid). Pero como las palabras reflejan la realidad, el término AgTech surge de la combinación de agricultura y tecnología, al igual que FinTech, que surge de la unión de finanzas con tecnología, y pone en evidencia un modelo de concentración y maximización de ganancias.

Desde Aapresid proponen “una nueva agricultura que procura aumentar la productividad sin los efectos negativos propios de los esquemas de labranza. Y es una auténtica respuesta al gran dilema entre producción y sustentabilidad que hoy enfrenta la especie humana”. Nada se dice del virus que amenaza a la humananidad, mientras se invisibilizan sus causas y se pone en el campo de la responsabilidad individual la subsistencia.

La empresa Auravant, con base en Argentina y España, es una plataforma digital, con versiones web y móvil, como explican ellos mismos, que se aplica a la producción agrícola: “permite realizar seguimiento y monitoreo de cultivos a través de imágenes satelitales o de drones, análisis e integración de las distintas capas del suelo para generar ambientaciones, prescripciones variables de insumos para aplicar la dosis óptima se semillas, fertilizantes y herbicida”.

El INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA, firmaron un convenio para aplicar esta tecnología desde los dos mayores organismos públicos relacionados con la producción de conocimiento y la educación pública, que acompaña a productores y forma profesionales en el ámbito público. Este acuerdo tecnológico parece ser la continuación de convenios que se firmaron durante la gestión anterior de gobierno, como por ejemplo, la que firmó el INTA Paraná en julio de 2019. Se pone en evidencia, aunque invisibilizada, que hay una continuidad de políticas a pesar del cambio de gobierno.

Bill Gates cada día más cerca

Tal como explican en su documento desde Naturaleza de Derechos: el plan AgTech nace del acuerdo, en el año 2018, suscripto por el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, y el presidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda. Se trata de la “Alianza Digital Educativa para Las Américas” con el objetivo de implementar una digitalización completa de la agricultura, a través de una amplia plataforma tecnológica de Microsoft utilizando herramientas de Internet de las Cosas (IoT), Big Data e Inteligencia Artificial (IA); así como la aplicación de innovación y tecnologías de información y comunicación en proyectos de desarrollo, entre otras.

¿Bailando por un chancho?

Argentina firmó un acuerdo con China para producir nueve millones de toneladas de carne porcina, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones. Una iniciativa suscripta por el Ministro de Relaciones Exteriores, y virtual Ministro de Agricultura, Felipe Solá, como funcionario de gobierno.

Pocas horas después miles de firmas suscribieron el documento “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en fábrica de nuevas pandemias”. En el comunicado se expresa que “Para entender la magnitud de lo que significan 9 millones de toneladas de carne, tengamos en cuenta que estas representarían 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019”. El actual modelo productivo que privilegia las ganancias sobre la vida nos llevó a una crisis sanitaria que solo encuentra precedentes en “el ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS y otras zoonosis”, detallan. El hacinamiento animal en criaderos industriales, utiliza una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Un caldo de cultivo para la mutación de virus y bacterias. El resultado es el que hoy ha puesto en peligro a la humanidad a la vez que implica la matanza de miles de millones de animales.

En el comunicado recuerdan que “el riesgo para la salud es innegable, pero corre el peligro de ser desatendido, como lo fue en 1996 con la introducción de la soja transgénica”. Entonces, Felipe Solá era Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y aprobó la introducción de esas semillas que solo crecen en combinación con un paquete de venenos aumentando el uso de agrotóxicos en un 1400% en casi 25 años de agronegocio transgénico.

Los gobiernos plantean como única posibilidad de desarrollo el extractivismo en todas sus formas, que los pueblos se empeñan en rechazar sistemáticamente. Seguramente, hay muchas más opciones que no comprometen el peligro para la vida en todas sus formas.

Fuente: Marcha

Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es famosa por el escándalo. En la década de 1970  se ganó el apodo de “asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en comunidades de bajos ingresos al promover la alimentación con biberón de su fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han presentado  cargos similares contra la compañía por contribuir, con sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en comunidades pobres, al desmesurado aumento de las tasas de obesidad y diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente sombrías que está confinado en la contabilidad de la empresa.

El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé  se otorgaron un pago de dividendos récord de 8 mil millones de dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el  presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en África.

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill. El aumento del comercio electrónico, particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, en la impactante cifra de  24 mil millones de dólares. También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía,  recibieron 20 millones de euros (alrededor de 22 millones 500 mil dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.

Toda esta avaricia de los de arriba deja devastación y muy poco se filtra a los de abajo, donde sus consecuencias son mortales.

Una industria poderosa en medio de una “tormenta perfecta”

Quienes trabajan en el sistema alimentario empresarial, que literalmente están muriendo por mantener el estilo de vida de accionistas y ejecutivos, no están bien. Las cadenas de suministro de las grandes compañías de alimentos, que siempre han sido lugares peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos para las infecciones y la transmisión del Covid-19. En todo el mundo se han producido brotes mortales en plantas de preocesamiento de carne, instalaciones portuarias,  almacenes,  fábricas de conserva de pescado,  plantaciones de palma aceitera, granjas frutícolas,  supermercados y todos los demás puntos a lo largo de las cadenas que estas compañías controlan, con la excepción de sus torres de oficinas, por supuesto.

Las grandes compañías cárnicas quizás hayan sido las peores transgresoras. Con la pandemia del Covid-19 en su apogeo,  aceleraron agresivamente sus líneas de producción para incrementar sus exportaciones a China, donde los precios de la carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hacían imposible el distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y trabajadoras y a las comunidades vecinas en riesgo de masivos brotes del virus. A fines de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne fueron terribles: cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes de fábricas de carne enfermos con Covid-19 en  Alemania y  España, miles de casos de personas enfermas con Covid-19 que laboran en la industria del envasado de carne de Brasil, y más de  20 mil personas infectadas con Covid-19 en las fábricas de envasado de carne de los Estados Unidos, y por lo menos 70 muertes. Mientras tanto, se están sacrificando cientos de miles de animales  en condiciones atroces porque estas enormes fábricas han tenido que clausurar la producción, y los pequeños mataderos que podrían haber recibido el ganado, hace tiempo se vieron obligados a cerrar sus negocios.

En América Latina, nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, la destrucción ha sido particularmente severa. Con la economía global casi detenida, los agronegocios de la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado  exceptuadas de la cuarentena ya que se consideran “esenciales”, aunque se centran en las exportaciones y no en proporcionar alimentos a la población local.

Por ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un  decreto de estado de emergencia que paralizó a todo el país, pero asegura que “toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola, [la industria] ganadera … seguirá funcionando”. Como resultado, quienes laboran en las plantaciones de bananeras, de palma, piscinas camaroneras, viveros de flores y muchos más, no tuvieron sino continuar trabajando, como si el país no estuviera en una emergencia sanitaria, y exponiéndose al riesgo de contraer el Covid-19.

Del mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil  declaró que las actividades de producción, transporte y logística general de las cadenas alimentarias para exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin restricciones. En este contexto, las exportaciones de carne, soja y otros productos van en aumento, al igual que el número de personas expuestas al Covid-19 a lo largo de las cadenas de exportación. En el Estado brasileño de Rio Grande do Sul, centro de actividades de exportación de carne, más de una  cuarta parte de los nuevos casos de coronavirus confirmados en mayo se dieron entre trabajadores de frigoríficos de carne. Los abogados laborales luchan ahora para  cerrar las plantas infestadas y obligar a las empresas a implementar al menos las medidas básicas para  proteger y cuidar a sus trabajadoras y trabajadores durante la pandemia.

Las exportaciones de soja de Brasil, que  aumentaron un 38 por ciento respecto al año pasado, son otro foco potencial del Covid-19, especialmente en los puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el gobierno local de la ciudad portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó adoptar medidas  emitiendo un decreto para detener temporalmente la exportación de soja y otros granos a falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis Dreyfus y Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días. Canarana está ahora, a principios de junio,  experimentando un aumento de las infecciones por Covid-19.

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter, el sistema de detección en tiempo real del instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese país, en el apogeo de la pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el primer trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con menos agentes capaces de llevar a cabo las tareas de inspección,  las actividades del agronegocio y la minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas, aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas. Numerosos observadores temen un genocidio como resultado de estos irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante la pandemia.

En Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones de soja ni la tala de bosques. En uno de los bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar  una superficie de 8 mil hectáreas. Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció que desde que comenzó la cuarentena, en el norte del país se  deforestaron más de 10 mil hectáreas.

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimentario empresarial. Por otro lado, si bien las cuarentenas dificultan la medición, se  perciben cambios en el terreno: vemos a trabajadores y trabajadoras de la industria alimentaria denunciar, organizarse y obtener más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente entre los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de los productores de alimentos y agricultores; y ha habido un auge innegable de los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan a través de la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como la  reciente decisión del gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne y otra para evitar que las empresas que reciben ayuda pública  otorguen dividendos.

Pero se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y conexiones políticas, y no hay duda de que hará todo lo que esté a su alcance para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus intereses. Ya lo hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y otras empresas cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19. También lo vimos en Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro  aprobó un récord de 96 nuevos plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de la pandemia para tratar de  aprobar una ley que legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de hectáreas en las regiones de la Amazonia y del Cerrado. La pandemia también ha sido utilizada como una oportunidad para expandir con rapidez  el comercio electrónico para la compra minorista de alimentos e imponer los organismos modificados genéticamente (transgénicos) en  Etiopía y  Bolivia, donde el gobierno de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas transgénicas en una necesidad para el país.

El agronegocio como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural

Lo peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas consultoras internacionales, como  McKinsey, para darle forma a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que están profundamente conectadas con las  empresas más grandes del mundo, incluidas aquellas del sector agroalimentario, influirán sin duda en quienes emerjan como ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores o jefes, mercados de agricultores o  gigantes del comercio electrónico, pescadores o la industria de arrastre.

También estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del Covid-19 para presionar a los países a implementar reformas favorables a los agronegocios. En  Ucrania, por ejemplo, se implementó una ley que privatiza las tierras agrícolas a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones aumentarán.  Decenas de países se encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no solo con el FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores privados que  ya han indicado que no están interesados en siquiera retrasar el pago de la deuda y los intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar a los predadores.

Esta vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han estado promoviendo durante décadas.

Fuente: GRAIN