Produce alimentos sanos libres de venenos químicos y transgénicos. Apoyemos a las familias agroecológicas consumiendo sus productos sanos, sabrosos,  saludables.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.​

Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos

El virus del Covid-19 ha eclipsado durante algún tiempo la creciente crisis climática y ambiental que enfrenta el mundo. Los alarmantes índices de deforestación, desertificación, degradación ambiental y contaminación continúan amenazando la biodiversidad de nuestro planeta, así como la salud y los medios de vida de miles de millones de personas.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas sustanciales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales de hecho están “redoblando la apuesta”. Quieren explotar más tierras apelando a un discurso basado en el eufemismo de darles un “uso productivo” en nombre del “progreso” y el “desarrollo” económico. En todo el mundo, los gobiernos se ven presionados a invitar a inversionistas internacionales para que exploten más tierras y recursos para la tala, la ganadería, las plantaciones de palma aceitera, de árboles maderables y otros cultivos, así como para minería, petróleo y gas.

Sin embargo, un obstáculo para esta expansión han sido los regímenes de tenencia de la tierra que prevalecen en varios países, así como los derechos que otorgan a las personas que viven en esas codiciadas tierras. Un 65 por ciento de la superficie terrestre del mundo todavía está administrado por comunidades con sistemas consuetudinarios (1). Se ha demostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son eficientes administradores de su tierra, gestionada bajo una variedad de sistemas de tenencia comunitaria y colectiva.

Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, que contiene un 80 por ciento de la biodiversidad mundial (2). Varios países anteriormente colonizados han adoptado sistemas duales de tenencia de la tierra, los cuales reconocen las leyes consuetudinarias sobre la misma y, a la vez, establecen que toda la tierra es propiedad del Estado (3). Esta situación se considera una limitación para los inversionistas y las empresas. Como lo expresó el Banco Mundial, “los derechos indocumentados [sobre la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” (4), y en el caso de África, el continente está “frenado por la confusión en materia de propiedad de la tierra” (5).

Promoviendo el despojo

Un informe reciente del Instituto Oakland titulado “Promoviendo el despojo: el empuje global para desbloquear el potencial económico de la tierra” (Driving Dispossession: The Global Push to Unlock the Economic Potential of Land) (6), detalla las diversas formas en que los gobiernos, voluntariamente o por la presión de las instituciones financieras y los llamados países donantes, intentan privatizar la tierra y hacerla accesible para ser explotada. Esas formas incluyen a las reformas agrarias, cambios en las leyes y reglamentaciones, uso de nueva tecnología para el registro de tierras, así como la eliminación de las salvaguardas vigentes que protegen a los pueblos indígenas y el medio ambiente.

El informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos

Es importante destacar que el informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos, a través de una serie de vías. Millennium Challenge Corporation (MCC), una entidad del gobierno estadounidense con la misión declarada de “reducir la pobreza a través del crecimiento”, tiene un historial documentado de presionar a los países para que transfieran tierras de agricultores familiares a inversionistas para desarrollar la agricultura industrial. En Sri Lanka, el convenio de la MCC tiene la intención de mapear y registrar hasta el 67 por ciento del país para “promover transacciones de tierras que puedan estimular la inversión y aumentar su uso como activo económico”.

Al igual que la MCC, y en contradicción con su propia investigación que durante mucho tiempo reconoció el valor de los sistemas tradicionales, la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID) también juega un papel importante en el financiamiento y promoción de proyectos de titulación de tierras de propiedad privada en todo el mundo. Las empresas estadounidenses también están cada vez más involucradas y han introducido una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques) como la solución mágica para asegurar la tenencia de la tierra.

Blockchain es un registro financiero digital que realiza un seguimiento de las transacciones en una “cadena” cronológica, con “bloques” de información que almacenan datos tales como la fecha, la hora, la cantidad y los participantes de una transacción. Es un registro financiero distribuido, lo que significa que cada vez que ocurre una transacción, debe ser verificada por una red de miles o posiblemente millones de computadoras en todo el mundo antes de que la transacción pueda registrarse como un bloque de la cadena. Esto hace que sea prácticamente imposible alterar las transacciones de forma retroactiva (7).

Los defensores del uso de la tecnología blockchain para la administración de tierras argumentan que tiene el potencial de mejorar la seguridad y la transparencia de los registros de tierras en la medida que almacena toda la información sobre los límites de la propiedad y los propietarios en una fuente en línea inmodificable. Sin embargo, la aplicación de la tecnología requiere que los países avancen hacia sistemas de propiedad privada de la tierra, que requerirán registro y digitalización.

El programa de titulación de tierras de Zambia basado en blockchain, dirigido por una subsidiaria de la tienda virtual estadounidense de venta al público Overstock.com, demuestra cómo blockchain se usa realmente para privatizar la tierra y acceder a los recursos naturales. Patrick Byrne, exdirector ejecutivo de Overstock.com, dejó claras sus motivaciones cuando dijo que el objetivo del proyecto era desbloquear billones de dólares de reservas minerales mundiales que son inaccesibles debido a sistemas poco claros de gobernanza de la tierra. En 2018, Overstock.com firmó un acuerdo con el Banco Mundial para colaborar en proyectos similares en decenas de otros países, pero hasta ahora el Banco se ha negado a hacer público este acuerdo.

Estados Unidos también tiene un poder político y financiero desmesurado sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven políticas y reglamentaciones destinadas a privatizar los comunes en beneficio del sector privado.

En Ucrania, por ejemplo, el FMI condicionó el apoyo financiero que se necesitaba desesperadamente a la creación de un mercado de tierras. Después de años de presión internacional y en medio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, el país adoptó una ley que crea un mercado de tierras a pesar de la oposición de más del 70 por ciento de la población.

Cuando se trata de apoderarse y privatizar tierras en el Sur Global, el Banco Mundial es un instrumento clave de la agenda empresarial encabezada por los Estados Unidos, que es el principal donante de la institución.

Financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, el programa del Banco Mundial Facilitando los Negocios en la Agricultura (conocido por sus siglas en inglés, EBA) se supone que respaldará la “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el desarrollo agrícola desde el sector privado en África.

En 2019, el informe del Oakland Institute, “El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales” (The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons), denunció el agresivo ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra impulsado por el programa, que promovió la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores, pastores y pueblos indígenas.

A través de la EBA, el Banco recomendó a los gobiernos formalizar los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y arrendamiento de terrenos para uso comercial, sistematizar la venta de terrenos públicos en subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación para dar el “mejor uso” a la tierra. Ignoró el hecho de que miles de millones de personas viven y trabajan en estas tierras, que son esenciales para sus medios de vida y representan bienes ancestrales con una profunda importancia social y cultural. Nuestros resultados generaron indignación en todo el mundo y, en lo que fuera un avance importante, el Banco finalmente eliminó el nuevo indicador de tierras en el informe de la EBA de 2019.

En cambio, reconoció la importancia de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y anunció que las salvaguardas para proteger estos derechos deberían ser “una prioridad del desarrollo” (8). La eliminación de dicho indicador es una victoria para miles de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas de todo el mundo que dependen de su tierra para su sustento, así como para las más de 280 organizaciones de la sociedad civil que se han unido a la campaña  Our Land Our Business (Nuestra Tierra, Nuestro Problema) para hacer frente al Banco Mundial.

Más allá de los cambios retóricos (…) las recetas del Banco [Mundial] para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra.

Sin embargo, más allá de los cambios retóricos, como se vio anteriormente, las recetas del Banco para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra. En la República Democrática del Congo (RDC), el Banco Mundial, por ejemplo, ha financiado y guiado el desastroso plan del gobierno de establecer 22 parques agroindustriales en todo el país, lo que ha llevado al acaparamiento de tierras y al despilfarro de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en la implementación del primer parque piloto (9).

El apoyo a los parques agroindustriales es coherente con el modelo de desarrollo impulsado por el Banco Mundial en todo el mundo, que fomenta polos de crecimiento, corredores de desarrollo y zonas económicas especiales como instrumentos para atraer inversión extranjera.

En lugar de proteger los derechos de las comunidades a la tierra, se alienta a los gobiernos a actuar bajo la suposición profundamente errónea de que el “desarrollo” solo puede lograrse otorgando a los intereses empresariales acceso ilimitado a sus recursos, como lo promueven el Banco Mundial y los llamados países donantes.

La privatización de la tierra estatal y comunal, realizada con el pretexto de “desbloquear” el potencial de la tierra, satisface las necesidades de los intereses empresariales a expensas de millones de medios de vida y sustento. Al fomentar la creación de “mercados de tierras”, el Banco no puede ignorar que dentro de un sistema de mercado donde la tierra no es más que una mercancía, las empresas pueden excluir a las personas provocando desalojos y despojo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas y degradación ambiental.

El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Este discurso del desarrollo continúa cobrando fuerza, a pesar del papel decisivo que ha tenido en la actual crisis climática y ambiental, así como de los millones de medios de vida que ha destruido con desplazamientos y despojo. El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Esta persistente mercantilización de la tierra debe confrontarse con una fuerte acción para detener y revertir la privatización de los territorios y los comunes en todo el mundo. Existen alternativas comprobadas que se han implementado con éxito en todo el mundo. Las tierras y aguas indígenas representan el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo, y cada vez más se acepta que las comunidades locales y los pueblos indígenas son guardianes efectivos de estas áreas. Se posicionan como la última línea de defensa contra el acaparamiento de tierras y las prácticas destructivas de gobiernos y empresas que convierten las tierras de cultivo familiares, los pastizales y los bosques en monocultivos industriales, grandes ranchos y minas desmanteladas.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.

Fuente: Servindi

Es fundamental que llegue a los territorios empoderados por los trabajadores en las ciudades. En los espacios donde haga falta consolidar formas de gobierno local en manos de trabajadores y trabajadoras es necesario tener en cuenta la soberanía alimentaria como medio para organizar acciones, formar conciencia frente a la producción y consumo responsable de alimentos y emprender acciones que fomenten cambios o estructuraciones de políticas publicas referentes al tema. Miramos con preocupación que países como México, Colombia, Perú, Chile, Honduras y El Salvador han sufrido en las últimas décadas un proceso de invasión de productos comerciales por debajo del costo de producción local, que han acabado con las pequeñas empresas, han generado desempleo y han provocado un proceso de descampenización.

También preocupa a las organizaciones campesinas el avance de la lógica agroindustrial y mercantilista del sistema agroalimentario de las corporaciones multinacionales, pues cada vez abarcan más medios productivos. A esta lógica de acaparamiento económico y despojo de las riquezas de los territorios campesinos, indígenas y afro, se le suma la grave situación de violencia y atropello de los derechos humanos, siendo el campo colombiano uno de los casos más agudos. 

En lo que va desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta la fecha han sido asesinados más de 900 líderes y lideresas sociales, esto a causa de la disputa territorial entre el modelo extractivista minero-energético y/o agronegocio contra el modelo de la agricultura campesina, la producción campesina a agroecológica.

La confrontación entre el modelo de agronegocio y la agricultura campesina se vive tanto en los territorios como en el espacio político a nivel internacional; es por ello que La Vía Campesina en febrero del 2020 planteó, mediante un comunicado, la preocupación ante la realización de una Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU para el 2021. Las comunicaciones oficiales de ONU dijeron que La Cumbre tiene como objetivo maximizar los beneficios de un enfoque de sistemas alimentarios en toda la Agenda 2030, hacer frente a los desafíos del cambio climático, hacer sistemas alimentarios incluyentes y apoyar la paz sustentable.

Desde el anuncio, muchas organizaciones campesinas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG) han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso que condujo a la Cumbre, incluido el nombramiento de la señora Agnes Kalibata, actual presidenta de la Alianza por una Revolución Verde en África (AGRA), como Enviada Especial de la ONU para la Cumbre. Además, es evidente que el proceso sigue adelante sin la participación de todos los Estados miembros de la ONU implicados.

La Vía Campesina expresó mediante su comunicado de febrero: «después de conocer a la señora Kalibata durante el Foro de Agricultores del FIDA (FAFO 2020), seguimos profundamente preocupados por la legitimidad y el proceso de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021 y por el enfoque de la Enviada Especial de la ONU. Aunque reconocemos y agradecemos la presencia de la Enviada Especial de la ONU en la FAFO para escuchar las preocupaciones de los productores de alimentos a pequeña escala, lamentamos informar que se levantaron varias banderas rojas en la sesión. En primer lugar, nos sorprendió su falta de conciencia sobre el mandato político y la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP), promovida por LVC y las organizaciones de pequeños productores y que fue negociada por LVC y organizaciones de pequeños productores a lo largo de casi dos décadas, hasta su adopción por la Asamblea General de la ONU en 2018.

«El delegado de La Vía Campesina, Jordan Treakle, de la National Family Farm Coalition, en representación de América del Norte, preguntó a la señora Kalibata: “¿Cómo garantizará la Cumbre del Sistema Alimentario Mundial que UNDROP, y su mandato político que promueve un enfoque basado en los derechos, sea parte integral del enfoque y de los resultado de la Cumbre?” La respuesta de la señora Kalibata fue “es una pregunta interesante… ¿campesino? ¿Qué es un campesino? ¿Qué es eso de los derechos campesinos? Porque no entiendo lo que eso significa para ser honesta contigo”.

»La Enviada Especial de las Naciones Unidas remachó su declaración más adelante en el debate, afirmando que no reconoce a los “campesinos” como grupo de interés, pese a las muchas décadas en que LVC y sus aliados han defendido los derechos de los productores de alimentos (agricultores, pescadores, pastores y trabajadores del sector alimentario) bajo la bandera del campesinado.

»”Aprecio por completo lo que hacen y me aseguraré de que se escuche. Sólo quería subrayar […] lo que dije antes: la palabra que se usó no es cómo veo a los agricultores […] Los agricultores son agricultores, es un negocio para nosotros, no queremos caridad, no queremos ser dignos de compasión, no queremos nada de eso. Nos vemos como gente de negocios. Así que lo siento si la palabra significa algo más para ustedes, para mí significa algo que crecí sin apreciar”, dijo la señora Kalibata»

También afirmó que no estaba trabajando para la ONU, aumentando aún más nuestras preocupaciones sobre su imparcialidad y su voluntad de separar su experiencia en agronegocios de este papel de Enviada Especial de la ONU.

Los dos escenarios expuestos: la dinámica territorial del campo colombiano y el debate constante en el espacio político, son sólo dos ejemplos claros de lo que está aconteciendo en el marco de la necesidad de construir la soberanía alimentaria y los trabajos que han venido emprendiendo las más de 500 organizaciones de 80 países luego de haber publicado en febrero del 2007 la Declaración de Nyéleni.

Sin lugar a dudas existen otras situaciones violentas de despojo de los territorios, como las que ocurren en Paraguay con la expansión de los cultivos de soja, los debates políticos que se dan en los diferentes países de nuestra región frente a la implantación de políticas que permiten la introducción de semillas transgénicas y el mercado de patentes; todas estas situaciones ponen sobre el mapa la necesidad de seguir buscando los caminos para que como pueblo se tenga la conciencia sobre el impacto del mercado financiero internacional sobre la agricultura.

Es por ello que, como organizaciones sociales, es necesario seguir trabajando para poder tener una cumbre de sistemas alimentarios donde se incorpore al campesinado, ya que somos los responsables de mas de 80% de los alimentos que consume la humanidad. También es necesario que como sociedad en general no permitamos la criminalización de las luchas que se hacen desde el campo por mantener los sistemas de producción de alimentos campesinos. Es fundamental seguir trabajando por la construcción de nuestra agroecología con un enfoque territorial y, sobre todo, una agricultura desde la autodeterminación de los pueblos.

Con la situación expuesta desde la problemática territorial hasta el panorama y debate en el marco de la ONU, se considera de vital importancia que los trabajadores de la ciudad, las comunidades afro, campesinos y campesinas, pescadores, pueblos indígenas, comunidades LGTBI, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos, emprendamos acciones en todos los escenarios para que sea reconocida y materializada la agroecología con base campesina, la soberanía alimentaria y la Declaración de los Derechos Campesinos. Es importante expresar, a la vez, la necesidad de que reconozcamos que la soberanía alimentaria es algo que se tiene que reclamar como sociedad en general. Los y las protagonistas de la construcción de un sistema alimentario que favorezca a los más desprotegidos, acabe con el hambre y enfríe el planeta, son la población trabajadora y no las grandes corporaciones. Por este montón de razones seguimos diciendo que:

¡Es hora de la soberanía alimentaria!

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas #106

Comunicado de Prensa – Día Internacional de Lucha por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las transnacionales

Treinta y cinco millones de casos confirmados, más de un millón de fallecidos en todo el mundo. Todo esto, en tan solo ocho meses. El  COVID 19 es ahora una crisis estructural para la humanidad.

Numerosos informes han anunciado al mundo el impacto devastador que ha tenido esta pandemia en la vida de los pueblos en todos los rincones. No hay país, ni comunidad que, por el momento, sea inmune. Sin embargo, es esencial resaltar, que las personas que ya eran pobres y estaban marginadas, se enfrentan hoy a un dilema sin comparación; o mueren de COVID o mueren de hambre.

La pandemia de COVID-19 puede sumar entre 83 y 132 millones de personas al número total de desnutridxs en el mundo en 2020, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (SOFI 2020). Una cruel ironía adicional, es que este mundo cada vez más hambriento, también pierde y desperdicia comida. Cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. La FAO estima que esta comida desperdiciada sería suficiente para alimentar a 2 mil millones de personas. Sin embargo, las corporaciones agroindustriales transnacionales que controlan gran parte del suministro de alimentos del mundo no pueden hacerlo, ¡incluso cuando el hambre es una realidad vivida por casi mil millones de personas!

La pandemia socavará los esfuerzos internacionales para reducir la pobreza mundial. Unos 160 millones de personas solo en Asia pueden verse forzadas por debajo del umbral de pobreza. En América Latina, esa cifra ronda los 45 millones de personas. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, informó que 872 millones de estudiantes en 51 países no pueden acceder a la educación. Más del 50% de estos estudiantes viven en circunstancias en las que el aprendizaje a distancia es imposible, en especial en zonas rurales, una escala que sugiere una crisis generacional en la educación,  citan informes de prensa.

En medio de esta fatalidad y pesimismo para “algunxs ricos”, es como si la pandemia no existiera. El banco suizo UBS informó que los multimillonarios aumentaron su riqueza en más de una cuarta parte, en el apogeo de la crisis de abril a julio. No es de extrañar que aquellos en el sector de la salud aumentaran su riqueza total en más del 50%.

¿Qué hacemos con un mundo como este? ¿Dónde está la justicia en todo esto? Es en este contexto, que La Vía Campesina conmemora el Día Internacional de Lucha por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales.

La Vía Campesina, el movimiento campesino mundial, que representa a millones de campesinxs, pueblos indígenas, pescadorxs, migrantes y otros productores de alimentos a pequeña escala en 82 países, ha llamado a los gobiernos del mundo a que reconozcan las limitaciones y las injusticias inherentes al sistema industrial de alimentos. La agresiva expansión de la producción industrial de alimentos en las últimas cinco décadas también ha puesto cada vez más en peligro la salud humana.

Además del uso excesivo de agrotóxicos y el descomunal  procesamiento de los alimentos, que los hace menos nutritivos y más dañinos, también ha resultado en un aumento significativo de las enfermedades zoonóticas, las causadas por patógenos que saltan de los animales a los humanos (como el COVID-19). Sin embargo, frente a los primeros signos de una pandemia mundial, este complejo industrial de alimentos de las transnacionales se vino abajo y dejó a los países y ciudadanxs en el caos.

Durante décadas, los gobiernos hicieron poco o nada para proteger a las pequeñas producciones y a lxs productorxs de alimentos que fueron expulsados por el agronegocio,  por estos gigantes corporativos cada vez más disfuncionales. Que permanecieron inactivos mientras sus países se volvían cada vez más dependientes de unos pocos proveedores de alimentos que obligaban a los productores locales a vender sus productos a precios injustamente bajos para que los ejecutivos corporativos pudieran seguir aumentando sus márgenes de ganancia.

Incluso ahora, en medio de la pandemia, vemos esfuerzos persistentes por parte del lobby de la agroindustria para capturar todos los espacios democráticos de gobernanza. Por ejemplo, la asociación entre el Foro Económico Mundial (WEF) y el Secretario General de la ONU para organizar una “Cumbre de Sistemas Alimentarios” en 2021 refleja abiertamente una toma de control empresarial de las Naciones Unidas al más alto nivel.

En todo caso, esta pandemia nos ha dado suficientes razones para resistir tal captura corporativa y, en cambio, acelerar nuestras demandas de un  Tratado Vinculante que pueda responsabilizar a las empresas por las violaciones de los derechos humanos y los derechos de lxs campesinxs.

Soberanía Alimentaria a través de la Agroecología Campesina

Los representantes electos del pueblo deben elaborar Políticas Públicas en sus Estados para promover la producción y distribución local de una cesta de alimentos diversa. Es esencial que cada gobierno en todas partes priorice la autonomía de sus ciudadanxs en el diseño de sus sistemas alimentarios. Cuando se otorgue a lxs pequeñxs productores de alimentos el poder de diseñar y decidir, tendremos un sistema alimentario que no sólo es cultural, climáticamente apropiado y diverso, sino que también se produce a través de métodos agroecológicos campesinos, basados en siglos de evidencia y experiencia. Incluso, en un  informe reciente del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD)  recomienda una “transición agroecológica” para hacer frente a la crisis alimentaria mundial y a la degradación de las tierras.

Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria Popular  urgente

La Soberanía Alimentaria garantiza las necesidades más básicas de la sociedad humana en todo momento: la alimentación. La pandemia o cualquier otra crisis perturbadora que el mundo pueda presenciar, se pueden resistir y sobrevivir si se garantiza la alimentación para todos los pueblos.

Nuestros sistemas alimentarios deben basarse en esta comprensión fundamental de nuestros derechos y necesidades básicas. Comer alimentos saludables es un derecho de todo ser humano en este planeta. Los alimentos nutritivos saludables no pueden ser reemplazados por envases de carne y productos lácteos congelados homogéneos, insípidos y sin nutrientes producidos en fábricas lejanas. Para que se garantice la Soberanía Alimentaria, todos los países deben emprender una Reforma Agraria Popular que proteja las tierras agrícolas, los ríos, los océanos y los bosques de las industrias inmobiliarias y extractivistas. ¿Cómo puede la gente producir alimentos si se les quita la tierra? ¿Cómo puede un país llamarse a sí mismo libre si no puede alimentar a sus ciudadanos con alimentos saludables y nutritivos?

Sin embargo, lo que estamos viendo, incluso en medio de la pandemia, es que los Estados y los cabildeos con los agronegocios continúan desalojando violentamente a los pueblos de sus territorios, criminalizan a las y los líderes campesinos y permiten la apropiación de tierras, incluso causan la muerte.

La Soberanía Alimentaria puede vencer la recesión y reactivar las economías y los medios de vida rurales

La pandemia también ha puesto de manifiesto el horror cotidiano de los  trabajadores migrantes que viven en condiciones inseguras en una tierra extranjera que es hostil, xenófoba y patriarcal. Se necesitó una pandemia mundial para que las vidas de miles de millones de trabajadorxs rurales y urbanos fueran visibles para las poderosas élites del mundo, que se apresuraron a simpatizar en las redes sociales, pero pidieron que las leyes laborales fueran más “favorables a las empresas”. Esta hipocresía criminal de las élites del mundo debe terminar. Lxs trabajadorxs deben tener derecho a encontrar trabajo en o cerca de sus lugares de origen. La Soberanía Alimentaria puede garantizar un sistema de este tipo, ya que implica el uso de recursos locales – humanos y capitales – en la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Por qué un trabajadorx  migraría a una ciudad y llevaría una vida indigna y lamentable, si uno puede encontrar trabajo y comida, en o cerca de su aldea?

La Soberanía Alimentaria es una luz  que puede sacar al mundo de la oscuridad

Este largo túnel oscuro en el que se  encuentra el mundo busca desesperadamente luz y esperanza. La mayoría de los pueblos del mundo, que viven en la desesperación y el desorden, buscan una señal esperanzadora que pueda garantizarles a ellxs y a sus generaciones futuras equidad, igualdad y dignidad.

Incluso en estos tiempos difíciles, la solidaridad entre las personas más pobres y desposeídas del mundo nos da horizonte. La fraternidad y el coraje desplegados por millones de trabajadorxs de la salud, trabajadorxs de saneamiento, trabajadoras domésticas, campesinxs, pueblos indígenas, electricistas, técnicos, repartidorxs, conductores e innumerables trabajadorxs de primera línea nos están ofreciendo una lección; que en tiempos de crisis estructural, son lxs trabajadorxs y campesinxs quienes pueden salvar el mundo, incluso renunciando a su propia seguridad y salud.

Los gobiernos del mundo deben escuchar a la clase trabajadora y a lxs campesinxs que alimentan al mundo. Es así, que como movimiento que representa a más de 200 millones de campesinxs, La Vía Campesina hoy hace eco de las exigencias por Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria Popular que vienen de nuestros territorios y exige la aplicación urgente de la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales como medida urgente construir un mundo con justicia, dignidad  y solidaridad.

#EsTiempoDeTransformar #SoberaníaAlimentariaYA

Fuente: La Vía Campesina

El próximo 16 de Octubre conmemoramos el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra las transnacionales. La Vía Campesina afirma en que ha llegado el momento de transformar nuestras sociedades a favor de la Soberanía Alimentaria y de la Agroecología Campesina. #EsTiempoDeTransformar.

¡Somos lo que comemos! ¡Poder comer alimentos saludables es un derecho fundamental!

Actualmente, es urgente insistir en que la producción agrícola de los campesinos, cultivada en armonía con la naturaleza, no es tan solo un acto para exigir nuestra autonomía y nuestra Soberanía Alimentaria, sino que es, también un acto de resistencia frente a la agresiva concentración corporativista que sufren nuestros sistemas y hábitos alimentarios.

A lo largo y ancho de todo el mundo, las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas, los trabajadoros agrícolas, los sin tierra, los pescadoros, los consumidores, las mujeres y la juventud se enfrentan a grandes retos derivados de la influencia y el control que ejercen las corporaciones transnacionales sobre los sistemas alimentarios.

El control de los bienes comunes y esenciales de la humanidad y de la naturaleza cada vez está más concentrado en las manos de una élite pudiente y esto acarrea graves consecuencias para la mayor parte de la población y sus derechos.

En el sector agrícola, cada vez se apuesta más por la agricultura intensiva basada en los monocultivos que recurren a elevadas dosis de agrotóxicos y venenos que ponen en riesgo la salud y destruyen tanto los cultivos de los campesinos como la vida misma. Esta destrucción se manifiesta en el acaparamiento de tierras, la contaminación de las aguas y del aire, la minería extractiva, la contaminación de alimentos, la perdida de la biodiversidad e, incluso, en el asesinato de campesinos, de líderes y lideresas, y de pueblos indígenas. Mientras que la crisis climática continúa empeorando.

En este contexto, producir alimentos saludables, apoyar los mercados de proximidad y tener una dieta balanceada son actos de resistencia que garantizan un desarrollo local basado en la equidad, justicia y la dignidad.

Desde La Vía Campesina defendemos la Soberanía Alimentaria como derecho de los pueblos a contar con alimentos saludables producidos mediante métodos agroecológicos sostenibles. Apoyando la Soberanía Alimentaria local, generamos estrategias que permiten resistir y desmantelar el sistema alimentario corporativo actual —explotador, destructivo y represivo— y avanzar hacia unos sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y pesqueros que sean determinados por los productores y los consumidores locales.

#EsTiempoDeTransformar:

La crisis generada por la pandemia de COVID-19 nos ha confirmado la relevancia y la resiliencia de los sistemas alimentarios locales en la lucha contra el hambre.

Nosotros, los campesinos, los pueblos indígenas, la población rural, los trabajadores agrícolas y la juventud de las zonas rurales y urbana tenemos la solución para poner fin al hambre, para detener el calentamiento global, para preservar la biodiversidad y para respetar los derechos de los trabajadores y del campesinado: la Soberanía Alimentaria y la agroecología.

Fuente: La Vía Campesina

Además, se establece la prohibición de modificar genéticamente las semillas nativas y criollas; en forma excepcional y con intervención del Consejo Asesor de Semillas Nativas y Criollas, a través del permiso correspondiente otorgado por la Autoridad de Aplicación, las semillas nativas y criollas pueden ser mejoradas a partir de procesos de técnicas citogenéticas. La resolución que lo admita debe ser fundada en razones de mérito, oportunidad y conveniencia que justifiquen el interés público de la excepción concedida.

La Ley de Protección de Semillas fue elaborada por el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social y se sancionó fusionando otro proyecto en conjunto con legisladores del Frente Renovador.

Varias leyes de protección relacionadas

“Es una gran alegría la aprobación de esta ley que junto a otras en beneficio del pueblo misionero, marcan un carácter de Estado presente en diferentes situaciones. En esta sesión sancionamos también la creación de la Secretaría de Cambio Climático, que tiene estricta relación con la Ley de Semillas y por supuesto con la de Soberanía Alimentaria”, destacó el diputado Martín Sereno.

Abogan a tener cultivos intensivos si se dejaran de usar los agroquímicos que degradan el suelo.

De igual modo que si se produjeran alimentos a pequeña escala a través de la agricultura familiar se reducirían -según datos estadísticos certeros y comprobados- en un 45% la emisión de gases que generan el calentamiento global”, explicó el legislador del PAyS, autor de la norma.

En ese sentido, la Ley de Semillas persigue un objetivo mucho más amplio, ya que con esta sanción, “estamos protegiendo miles de años de historia y de cultura de la humanidad que dejó de ser nómade cuando comenzó a plantar; antes eran cazadores y pescadores, y partir de la siembra y la cosecha se asentaron porque requerían un período más largo de estancia en un lugar fijo”.

“Con esta sanción estamos dando un enorme paso”

El legislador afirmó en la sesión virtual del jueves, que con la Ley de Semillas “protegemos la vida, la memoria, la historia, la cultura, el ambiente y a las familias agricultoras, que es sostener miles de años de historia, proyectarlos y seguir protegiendo de acá hacia adelante”, dijo.

Sostuvo que el año pasado durante el macrismo, resistieron los embates de la Ley de Patentes de Semillas, donde querían privatizar esto que impulsan ahora.

“Querían dejarnos, como pasó en muchos países en su momento, como rehenes de un cultivo, de un producto de la naturaleza a los agricultores, y quizás por modificar un pequeño gen y patentarlo, pretendían prohibir el libre intercambio y uso de las semillas nativas”, advirtió.

Sereno enfatizó que el paso que están dando es “inmenso”. Quizás todavía no tengamos la dimensión de lo que significa. Estas leyes marcan la enorme diferencia con políticas alimentarias, culturales y de la agricultura”, señaló.

Temas pendientes como la Ley de Arraigo

El diputado destacó que en su momento mencionó que sin Ley de Semillas Criollas y Nativas no hay soberanía alimentaria. Y a eso le suma que su bloque tiene pendiente dos proyectos que esperan debatir, consensuar y sancionar: la Ley de los Derechos de la Naturaleza que protegería la biodiversidad “de la que podríamos sentirnos orgullosos delante del resto del país y del mundo, y que también va en consonancia con la Secretaría de Cambio Climático, porque busca reconocerle a la naturaleza sus derechos, como bienes comunes, no como recursos naturales”.

Otra de las leyes que esperan ser debatidas y con la que pretenden seguir transitando el camino de la vuelta al campo es la Ley de Arraigo Rural.

“La política del PAyS es en defensa, protección e inclusión de la producción sana de alimentos, con el objetivo de una vida digna. Tenemos muchos compañeros y compañeras con quienes trabajamos en cooperativas, quienes distribuyen las semillas entre los productores de la agricultura familiar, y nos enorgullece ese trabajo digno y esforzado de esos compañeros que ayudan a sostener estas políticas que impulsamos entre todos y todas”, remarcó.

Construcción que apunta a la soberanía alimentaria

El jefe del bloque del PAyS agradeció a los autores y autoras de los otros proyectos que se sancionaron en conjunto como Rosana Argüello (MC), Orlando Revinski, Marcelo Rodríguez (MC) y Liliana Rodríguez y que hicieron posible la sanción de esta ley.

“Agradezco a la actual secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Marta Ferreira -en el ámbito de su organismo se crea el Instituto Provincial de las Semillas Nativas y Criollas- y a la diputada mandato cumplido, Roxana Argüello (FR), quienes también son parte de esta construcción que apunta a la soberanía alimentaria, y dentro de este recinto hay muchas compañeras y compañeros que transitan el camino de la soberanía alimentaria y propugnan la producción de semillas nativas y criollas y que las defienden con su trabajo”, manifestó el diputado Sereno.

Fuente: Noticias del 6

La solución a estos problemas, como lo sugiere la FAO, es la transición a la agricultura sustentable. Esta ha sido practicada por numerosos grupos indígenas desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo 20, que visionarios como Eve Balfour y Lord Northbourne comenzaron a popularizar el término por medio de su trabajo que confirma la importancia de la diversidad, el conocimiento ecológico y el valor de la agricultura familiar a pequeña escala. Las evidencias científicas sugieren que necesitamos urgentemente una reconstrucción total del sistema agroalimentario y en varios países, incluyendo a México, se han iniciado planes para lo que se ha denominado la “transición agroecológica”.

La agroecología incluye una serie de prácticas y principios ancestrales que incluyen el uso de variedades nativas, los cultivos intercalados, la agroforestería, la conservación de semillas, medidas de conservación de suelos, tal como la labranza cero o reducida; y la producción de abonos a partir de materiales locales.

Aunque es esperanzador ver esta ola de interés para transformar la forma en que cultivamos, la simplificada versión de la agroecología que se está promoviendo es preocupante. La transición agroecológica tiene como punta de lanza una mera “sustitución de insumos”. Se promueve sustituir los fertilizantes y plaguicidas sintéticos por aquellos que son orgánicos.

No nos tomen a mal: nosotros apoyamos las acciones que motivan a cambiar de convencional a orgánico. Sin embargo, debemos distinguir las prácticas que son sustentables de las que solo tratan de dar respuestas rápidas y pretenden ajustarse a todas las condiciones, tal como lo hicieron las tecnologías que nos llevaron al lío en el que estamos metidos.

Por mas de una década hemos documentado la efectividad de las prácticas tradicionales de agricultores indígenas de Guatemala y documentado estrategias para la sustentabilidad. Como en otras áreas de Mesoamérica, las familias con las que trabajamos confrontan serios retos para mantener su herencia campesina. La sequía es cada vez mas frecuente y severa; el contexto político económico es hostil, y las consecuencias de la violencia de los años 80, cuando aldeas enteras fueron arrasadas por el ejercito y paramilitares, aun persisten.

Como una forma de mejorar la soberanía alimentaria y atender la restauración cultural y ambiental, muchas familias se han volcado o retornado a la agroecología. Por medio de la diversificación de cultivos, el rediseño y el uso sustentable de recursos locales, se han hecho más resilientes y menos dependientes en insumos externos. El sistema milpa, desarrollado en Mesoamérica hace miles de años, es una de las mejores estrategias para mantener la humedad del suelo, enfrentar el cambio climático y brindar una dieta sana.

Estas familias tienen que resistir programas nacionales e internacionales que regalan agroquímicos y semillas híbridas, que a pesar de aumentar los rendimientos en los primeros años, no pueden ser guardadas y según los productores no resisten la sequía. La lógica detrás de esos programas, además de apoyar una industria multimillonaria, es proveer soluciones rápidas a problemas relacionados con la falta de nutrientes en el suelo, así como reducir los costos de mano de obra. La sustitución por bioinsumos orgánicos podría minimizar los daños asociados al uso de agroquímicos sintéticos. Entonces, ¿qué hace a esos bioinsumos tan incompatibles con los sistemas agrícolas sostenibles?

Para comenzar, como lo sugiere el experto en sustentabilidad Jules Pretty, el fundamento de cualquier sistema agrícola sostenible es el uso efectivo e ingenioso de los recursos locales por parte de pequeños agricultores locales. Para que esto ocurra se necesita un fuerte capital social, un íntimo conocimiento de la ecología del lugar e innovación continua. Los problemas con la introducción de “bioinsumos” en las comunidades es el desplazamiento de las prácticas locales y el riesgo de crear nuevas formas de dependencia. Tal como la introducción de agroquímicos provocaron disturbios en los procesos agroecológicos locales hace 40 años, los equivalentes orgánicos continúan este ciclo, desplazando los saberes locales sobre cómo mantener la fertilidad del suelo por medio del cuidadoso manejo de la materia orgánica, sobre cómo evitar las plagas por medio de los policultivos y el conocimiento de los tipos de suelo y microclimas, que entre las familias con las que trabajamos, involucran una profunda conexión con el territorio y su gobernanza.

Además hay cierta evidencia de que los bioinsumos podrían afectar a los microorganismos nativos del suelo y a los insectos benéficos. Los biofertilizantes producidos en un laboratorio podrían ser de utilidad en una región donde el uso intenso de agroquímicos ha eliminado la vida en el suelo, pero podría eliminar a las bacterias y hongos que las prácticas tradicionales han logrado mantener vivos para darnos cultivos ricos y nutritivos. Algunos bioplaguicidas son muy específicos y atacan únicamente a una plaga, pero la mayoría también afectan a polinizadores como las abejas, y a catarinas y avispas que controlan a las plagas.

Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideran al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas. Necesitamos reconocer a aquellos que mantienen los saberes tradicionales, apoyar a los grupos comunitarios, e introducir nuevas técnicas solo cuando sean fácilmente apropiables, en armonía con el entorno natural y cultural, y cuando se haya considerado su impacto desde una visión ecológica.

Solo cuando esto ocurra veremos cambios para una agricultura y un sistema alimentario verdaderamente justos.

Fuente: La Jornada