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Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.​

Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos

El virus del Covid-19 ha eclipsado durante algún tiempo la creciente crisis climática y ambiental que enfrenta el mundo. Los alarmantes índices de deforestación, desertificación, degradación ambiental y contaminación continúan amenazando la biodiversidad de nuestro planeta, así como la salud y los medios de vida de miles de millones de personas.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas sustanciales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales de hecho están “redoblando la apuesta”. Quieren explotar más tierras apelando a un discurso basado en el eufemismo de darles un “uso productivo” en nombre del “progreso” y el “desarrollo” económico. En todo el mundo, los gobiernos se ven presionados a invitar a inversionistas internacionales para que exploten más tierras y recursos para la tala, la ganadería, las plantaciones de palma aceitera, de árboles maderables y otros cultivos, así como para minería, petróleo y gas.

Sin embargo, un obstáculo para esta expansión han sido los regímenes de tenencia de la tierra que prevalecen en varios países, así como los derechos que otorgan a las personas que viven en esas codiciadas tierras. Un 65 por ciento de la superficie terrestre del mundo todavía está administrado por comunidades con sistemas consuetudinarios (1). Se ha demostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son eficientes administradores de su tierra, gestionada bajo una variedad de sistemas de tenencia comunitaria y colectiva.

Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, que contiene un 80 por ciento de la biodiversidad mundial (2). Varios países anteriormente colonizados han adoptado sistemas duales de tenencia de la tierra, los cuales reconocen las leyes consuetudinarias sobre la misma y, a la vez, establecen que toda la tierra es propiedad del Estado (3). Esta situación se considera una limitación para los inversionistas y las empresas. Como lo expresó el Banco Mundial, “los derechos indocumentados [sobre la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” (4), y en el caso de África, el continente está “frenado por la confusión en materia de propiedad de la tierra” (5).

Promoviendo el despojo

Un informe reciente del Instituto Oakland titulado “Promoviendo el despojo: el empuje global para desbloquear el potencial económico de la tierra” (Driving Dispossession: The Global Push to Unlock the Economic Potential of Land) (6), detalla las diversas formas en que los gobiernos, voluntariamente o por la presión de las instituciones financieras y los llamados países donantes, intentan privatizar la tierra y hacerla accesible para ser explotada. Esas formas incluyen a las reformas agrarias, cambios en las leyes y reglamentaciones, uso de nueva tecnología para el registro de tierras, así como la eliminación de las salvaguardas vigentes que protegen a los pueblos indígenas y el medio ambiente.

El informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos

Es importante destacar que el informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos, a través de una serie de vías. Millennium Challenge Corporation (MCC), una entidad del gobierno estadounidense con la misión declarada de “reducir la pobreza a través del crecimiento”, tiene un historial documentado de presionar a los países para que transfieran tierras de agricultores familiares a inversionistas para desarrollar la agricultura industrial. En Sri Lanka, el convenio de la MCC tiene la intención de mapear y registrar hasta el 67 por ciento del país para “promover transacciones de tierras que puedan estimular la inversión y aumentar su uso como activo económico”.

Al igual que la MCC, y en contradicción con su propia investigación que durante mucho tiempo reconoció el valor de los sistemas tradicionales, la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID) también juega un papel importante en el financiamiento y promoción de proyectos de titulación de tierras de propiedad privada en todo el mundo. Las empresas estadounidenses también están cada vez más involucradas y han introducido una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques) como la solución mágica para asegurar la tenencia de la tierra.

Blockchain es un registro financiero digital que realiza un seguimiento de las transacciones en una “cadena” cronológica, con “bloques” de información que almacenan datos tales como la fecha, la hora, la cantidad y los participantes de una transacción. Es un registro financiero distribuido, lo que significa que cada vez que ocurre una transacción, debe ser verificada por una red de miles o posiblemente millones de computadoras en todo el mundo antes de que la transacción pueda registrarse como un bloque de la cadena. Esto hace que sea prácticamente imposible alterar las transacciones de forma retroactiva (7).

Los defensores del uso de la tecnología blockchain para la administración de tierras argumentan que tiene el potencial de mejorar la seguridad y la transparencia de los registros de tierras en la medida que almacena toda la información sobre los límites de la propiedad y los propietarios en una fuente en línea inmodificable. Sin embargo, la aplicación de la tecnología requiere que los países avancen hacia sistemas de propiedad privada de la tierra, que requerirán registro y digitalización.

El programa de titulación de tierras de Zambia basado en blockchain, dirigido por una subsidiaria de la tienda virtual estadounidense de venta al público Overstock.com, demuestra cómo blockchain se usa realmente para privatizar la tierra y acceder a los recursos naturales. Patrick Byrne, exdirector ejecutivo de Overstock.com, dejó claras sus motivaciones cuando dijo que el objetivo del proyecto era desbloquear billones de dólares de reservas minerales mundiales que son inaccesibles debido a sistemas poco claros de gobernanza de la tierra. En 2018, Overstock.com firmó un acuerdo con el Banco Mundial para colaborar en proyectos similares en decenas de otros países, pero hasta ahora el Banco se ha negado a hacer público este acuerdo.

Estados Unidos también tiene un poder político y financiero desmesurado sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven políticas y reglamentaciones destinadas a privatizar los comunes en beneficio del sector privado.

En Ucrania, por ejemplo, el FMI condicionó el apoyo financiero que se necesitaba desesperadamente a la creación de un mercado de tierras. Después de años de presión internacional y en medio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, el país adoptó una ley que crea un mercado de tierras a pesar de la oposición de más del 70 por ciento de la población.

Cuando se trata de apoderarse y privatizar tierras en el Sur Global, el Banco Mundial es un instrumento clave de la agenda empresarial encabezada por los Estados Unidos, que es el principal donante de la institución.

Financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, el programa del Banco Mundial Facilitando los Negocios en la Agricultura (conocido por sus siglas en inglés, EBA) se supone que respaldará la “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el desarrollo agrícola desde el sector privado en África.

En 2019, el informe del Oakland Institute, “El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales” (The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons), denunció el agresivo ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra impulsado por el programa, que promovió la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores, pastores y pueblos indígenas.

A través de la EBA, el Banco recomendó a los gobiernos formalizar los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y arrendamiento de terrenos para uso comercial, sistematizar la venta de terrenos públicos en subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación para dar el “mejor uso” a la tierra. Ignoró el hecho de que miles de millones de personas viven y trabajan en estas tierras, que son esenciales para sus medios de vida y representan bienes ancestrales con una profunda importancia social y cultural. Nuestros resultados generaron indignación en todo el mundo y, en lo que fuera un avance importante, el Banco finalmente eliminó el nuevo indicador de tierras en el informe de la EBA de 2019.

En cambio, reconoció la importancia de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y anunció que las salvaguardas para proteger estos derechos deberían ser “una prioridad del desarrollo” (8). La eliminación de dicho indicador es una victoria para miles de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas de todo el mundo que dependen de su tierra para su sustento, así como para las más de 280 organizaciones de la sociedad civil que se han unido a la campaña  Our Land Our Business (Nuestra Tierra, Nuestro Problema) para hacer frente al Banco Mundial.

Más allá de los cambios retóricos (…) las recetas del Banco [Mundial] para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra.

Sin embargo, más allá de los cambios retóricos, como se vio anteriormente, las recetas del Banco para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra. En la República Democrática del Congo (RDC), el Banco Mundial, por ejemplo, ha financiado y guiado el desastroso plan del gobierno de establecer 22 parques agroindustriales en todo el país, lo que ha llevado al acaparamiento de tierras y al despilfarro de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en la implementación del primer parque piloto (9).

El apoyo a los parques agroindustriales es coherente con el modelo de desarrollo impulsado por el Banco Mundial en todo el mundo, que fomenta polos de crecimiento, corredores de desarrollo y zonas económicas especiales como instrumentos para atraer inversión extranjera.

En lugar de proteger los derechos de las comunidades a la tierra, se alienta a los gobiernos a actuar bajo la suposición profundamente errónea de que el “desarrollo” solo puede lograrse otorgando a los intereses empresariales acceso ilimitado a sus recursos, como lo promueven el Banco Mundial y los llamados países donantes.

La privatización de la tierra estatal y comunal, realizada con el pretexto de “desbloquear” el potencial de la tierra, satisface las necesidades de los intereses empresariales a expensas de millones de medios de vida y sustento. Al fomentar la creación de “mercados de tierras”, el Banco no puede ignorar que dentro de un sistema de mercado donde la tierra no es más que una mercancía, las empresas pueden excluir a las personas provocando desalojos y despojo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas y degradación ambiental.

El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Este discurso del desarrollo continúa cobrando fuerza, a pesar del papel decisivo que ha tenido en la actual crisis climática y ambiental, así como de los millones de medios de vida que ha destruido con desplazamientos y despojo. El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Esta persistente mercantilización de la tierra debe confrontarse con una fuerte acción para detener y revertir la privatización de los territorios y los comunes en todo el mundo. Existen alternativas comprobadas que se han implementado con éxito en todo el mundo. Las tierras y aguas indígenas representan el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo, y cada vez más se acepta que las comunidades locales y los pueblos indígenas son guardianes efectivos de estas áreas. Se posicionan como la última línea de defensa contra el acaparamiento de tierras y las prácticas destructivas de gobiernos y empresas que convierten las tierras de cultivo familiares, los pastizales y los bosques en monocultivos industriales, grandes ranchos y minas desmanteladas.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.

Fuente: Servindi

La solución a estos problemas, como lo sugiere la FAO, es la transición a la agricultura sustentable. Esta ha sido practicada por numerosos grupos indígenas desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo 20, que visionarios como Eve Balfour y Lord Northbourne comenzaron a popularizar el término por medio de su trabajo que confirma la importancia de la diversidad, el conocimiento ecológico y el valor de la agricultura familiar a pequeña escala. Las evidencias científicas sugieren que necesitamos urgentemente una reconstrucción total del sistema agroalimentario y en varios países, incluyendo a México, se han iniciado planes para lo que se ha denominado la “transición agroecológica”.

La agroecología incluye una serie de prácticas y principios ancestrales que incluyen el uso de variedades nativas, los cultivos intercalados, la agroforestería, la conservación de semillas, medidas de conservación de suelos, tal como la labranza cero o reducida; y la producción de abonos a partir de materiales locales.

Aunque es esperanzador ver esta ola de interés para transformar la forma en que cultivamos, la simplificada versión de la agroecología que se está promoviendo es preocupante. La transición agroecológica tiene como punta de lanza una mera “sustitución de insumos”. Se promueve sustituir los fertilizantes y plaguicidas sintéticos por aquellos que son orgánicos.

No nos tomen a mal: nosotros apoyamos las acciones que motivan a cambiar de convencional a orgánico. Sin embargo, debemos distinguir las prácticas que son sustentables de las que solo tratan de dar respuestas rápidas y pretenden ajustarse a todas las condiciones, tal como lo hicieron las tecnologías que nos llevaron al lío en el que estamos metidos.

Por mas de una década hemos documentado la efectividad de las prácticas tradicionales de agricultores indígenas de Guatemala y documentado estrategias para la sustentabilidad. Como en otras áreas de Mesoamérica, las familias con las que trabajamos confrontan serios retos para mantener su herencia campesina. La sequía es cada vez mas frecuente y severa; el contexto político económico es hostil, y las consecuencias de la violencia de los años 80, cuando aldeas enteras fueron arrasadas por el ejercito y paramilitares, aun persisten.

Como una forma de mejorar la soberanía alimentaria y atender la restauración cultural y ambiental, muchas familias se han volcado o retornado a la agroecología. Por medio de la diversificación de cultivos, el rediseño y el uso sustentable de recursos locales, se han hecho más resilientes y menos dependientes en insumos externos. El sistema milpa, desarrollado en Mesoamérica hace miles de años, es una de las mejores estrategias para mantener la humedad del suelo, enfrentar el cambio climático y brindar una dieta sana.

Estas familias tienen que resistir programas nacionales e internacionales que regalan agroquímicos y semillas híbridas, que a pesar de aumentar los rendimientos en los primeros años, no pueden ser guardadas y según los productores no resisten la sequía. La lógica detrás de esos programas, además de apoyar una industria multimillonaria, es proveer soluciones rápidas a problemas relacionados con la falta de nutrientes en el suelo, así como reducir los costos de mano de obra. La sustitución por bioinsumos orgánicos podría minimizar los daños asociados al uso de agroquímicos sintéticos. Entonces, ¿qué hace a esos bioinsumos tan incompatibles con los sistemas agrícolas sostenibles?

Para comenzar, como lo sugiere el experto en sustentabilidad Jules Pretty, el fundamento de cualquier sistema agrícola sostenible es el uso efectivo e ingenioso de los recursos locales por parte de pequeños agricultores locales. Para que esto ocurra se necesita un fuerte capital social, un íntimo conocimiento de la ecología del lugar e innovación continua. Los problemas con la introducción de “bioinsumos” en las comunidades es el desplazamiento de las prácticas locales y el riesgo de crear nuevas formas de dependencia. Tal como la introducción de agroquímicos provocaron disturbios en los procesos agroecológicos locales hace 40 años, los equivalentes orgánicos continúan este ciclo, desplazando los saberes locales sobre cómo mantener la fertilidad del suelo por medio del cuidadoso manejo de la materia orgánica, sobre cómo evitar las plagas por medio de los policultivos y el conocimiento de los tipos de suelo y microclimas, que entre las familias con las que trabajamos, involucran una profunda conexión con el territorio y su gobernanza.

Además hay cierta evidencia de que los bioinsumos podrían afectar a los microorganismos nativos del suelo y a los insectos benéficos. Los biofertilizantes producidos en un laboratorio podrían ser de utilidad en una región donde el uso intenso de agroquímicos ha eliminado la vida en el suelo, pero podría eliminar a las bacterias y hongos que las prácticas tradicionales han logrado mantener vivos para darnos cultivos ricos y nutritivos. Algunos bioplaguicidas son muy específicos y atacan únicamente a una plaga, pero la mayoría también afectan a polinizadores como las abejas, y a catarinas y avispas que controlan a las plagas.

Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideran al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas. Necesitamos reconocer a aquellos que mantienen los saberes tradicionales, apoyar a los grupos comunitarios, e introducir nuevas técnicas solo cuando sean fácilmente apropiables, en armonía con el entorno natural y cultural, y cuando se haya considerado su impacto desde una visión ecológica.

Solo cuando esto ocurra veremos cambios para una agricultura y un sistema alimentario verdaderamente justos.

Fuente: La Jornada

Este viaje, al que podemos llamar «la ruta de los monocultivos», nos permite conocer muy bien de qué hablamos cuando hablamos de agricultura industrial. Aunque la tierra agraria en el mundo ocupa 1.500 millones de hectáreas, cuatro ejemplos serán suficientes para retratar el sistema agrario mundial actual, puesto que alrededor de un 80 % de todas estas tierras, según el agrónomo Miguel Altieri de la Universidad de Berkeley, está dedicado a los monocultivos. De hecho, de las más de 2500 variedades de vegetales que el ser humano puede consumir, solo tres cultivos (trigo, arroz y maíz) aportan el 50 % del total de calorías consumidas por toda la población mundial. Nuestro punto de partida es un perfecto y regular mosaico de varios kilómetros cuadrados, cerca de la localidad de Rivadavia, en la provincia de Salta, Argentina.

 A mí, de este paisaje, me impresiona la prepotencia con la que hemos trasladado nuestras cuadriculadas mentes a los espacios de vida, cómo hemos hecho del fabuloso orden anárquico de la naturaleza un inmundo orden geométrico. 

Una vez situados, se trata de seleccionar el modo satélite e ir alejando la imagen, es decir, elevar el satélite que estamos conduciendo para tener una visión más general. A mí, de este paisaje, me impresiona la prepotencia con la que hemos trasladado nuestras cuadriculadas mentes a los espacios de vida, cómo hemos hecho del fabuloso orden anárquico de la naturaleza un inmundo orden geométrico. Los antiguos bosques, con la llegada de este monocultivo, han quedado literalmente reducidos y encajonados (ellos y toda la biodiversidad que alojaban) en el escaso espacio del perímetro que rodea cada predio. ¿Qué cultivo es el responsable de esta invasión? Correcto, este es el monocultivo de soja transgénica.

La expansión del monocultivo de soja en los últimos veinticinco años —con la introducción de las variedades transgénicas— es de dimensiones ciclópeas. Como se observa en la  infografía, incluida en el  Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, la plantación de soja invade (en color verde) buena parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, un territorio conocido como República Tóxica de la Soja, porque de algún modo funciona como un estado propio gobernado dictatorialmente por multinacionales agrarias. Más de 65 millones de hectáreas dedicadas a un único cultivo; más de 65 millones de campos de fútbol uno detrás de otro; una república que ocupa el espacio de veinte Cataluñas juntas. Campos y campos de soja y solo soja que a menudo son fumigados con herbicidas como el cancerígeno glifosato (en su momento patentado por Monsanto y que ahora forma parte de Bayer), que elimina todo ser vivo con el que contacta, a excepción de este cultivo, al cual le han insertado genéticamente el superpoder de la resistencia a este veneno.

Las consecuencias de esta epidemia de soja se denuncian desde hace años. En primer lugar, la sustitución de cultivos tradicionales para la alimentación local por el cultivo de la soja cien por cien para la exportación, con la consecuente pérdida de soberanía alimentaria y la expulsión de millones de campesinas y campesinos hacia las ‘villas miseria’ o ‘favelas’ latinoamericanas. En segundo lugar, la contaminación por herbicidas de tierras y acuíferos junto con un incremento muy alto de enfermedades cancerígenas y/o endocrinas en la población de estos lugares. Finalmente, la grave pérdida de fertilidad de los suelos por el agotamiento de la tierra y la destrucción de la biodiversidad; por ejemplo, el incremento de muertes de abejas y anfibios a causa del exceso de fumigación.

Sin embargo, se sabe menos de otra de las realidades que esconde el sistema agrario de este y cualquier otro monocultivo. Para descubrirla, con esta imagen de cuadrados de soja en la retina, saltamos ahora, al centro del continente africano, en la población de Lokutu, situada en la cuenca del río Congo.

Son plantaciones de palmeras africanas para la producción de otra de las estrellas de la agroindustria: el aceite de palma. 

Esta vez haremos bajar el satélite despacio, procurando aterrizar en la zona oeste de la población, sobre la sombra verde que nace junto a las últimas casas y que se extiende hacia el infinito. A medida que descendemos nos sorprende de nuevo un ejército repetido, regular y en perfecta formación. Visto desde arriba la forma estrellada de sus copas delata a cada uno de estos soldados. Son plantaciones de palmeras africanas para la producción de otra de las estrellas de la agroindustria, el aceite de palma que encontramos en tantísimos alimentos procesados y en buena parte del ‘gato por liebre’ llamado biodiésel. Estas plantaciones de Lokutu son propiedad de la empresa  Feronia, que lleva años siendo denunciada, entre otras cosas, por la  ocupación ilegal de territorios campesinos.

¿Qué relación hay entre los monocultivos y los virus?

Con este viaje global tenemos bastante para desvelar muy bien la relación entre los monocultivos y las pandemias. Como se ha venido explicando desde hace varias décadas —pero se ha venido desoyendo por todas las instituciones políticas globales—muchas de las nuevas enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos (las llamadas zoonosis) surgen de esta aniquilación de selvas y bosques para implantar monocultivos. Las dimensiones son tan abusivas que la fauna silvestre acaba diezmada y confinada en pequeños reductos o ‘islas’ cuya elevada densidad de población facilita la multiplicación y mutación de su carga vírica y microbiana, posibilitando el contagio posterior a los seres humanos. En algunos casos este contagio se produce por contacto directo, como se demostró en otro  punto del continente africano, en el norte de la población de Guéckédou (Guinea), en el caso del ébola cuando un murciélago o sus excrementos entraron en contacto con un habitante de estas aldeas rodeadas de palmas africanas. Otros brotes epidémicos se pueden producir cuando un vector de un virus del murciélago, como el pangolín u otro animal, entra en contacto con la población, probablemente a través del tráfico ilegal, como en el caso del coronavirus actual.

En cuanto a las enfermedades parasitarias, también se ha documentado la relación entre el aumento de su incidencia y la transformación de la naturaleza. En Borneo, por ejemplo, la fragmentación del bosque está causando el incremento de la malaria. Según explica Zambrana-Torrelio, vicepresidente de EcoHealth Alliance, una organización con sede en Nueva York que monitoriza la relación entre la vida silvestre y las enfermedades emergentes, la razón es que en lugares abiertos hay mayores huecos donde se acumula agua, se reproducen mosquitos y aumentan los casos entre la población que trabaja en las plantaciones de palma africana. De nuevo, visitarlo es más didáctico y podemos hacerlo nosotros mismos si situados en este  punto hacemos descender la nave.

El monocultivo de animales en granja, un riesgo para la salud

El tercero de los monocultivos es, sin duda, el mayor de los generadores de zoonosis que pueden convertirse en pandemias. Me refiero al monocultivo de animales de granja, del que no hace falta que muestre ninguna imagen interior porque todos sabemos en qué condiciones de clausura y hacinamiento viven hoy unos 70.000 millones de animales, diez veces más que la población humana. De hecho, este es el gran monocultivo en el pequeño territorio de Cataluña donde hay casi 10 millones de cerdos confinados en grandes granjas que generan graves problemas medioambientales. Solo en el Lluçanès, tenemos 40 cerdos por persona, con la construcción de macrogranjas como  esta de la empresa Casa Tarradelles.

Aun así, aconsejo un  salto en el viaje hasta las zonas rurales del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, para sobrevolar una de las mayores granjas de vacuno del mundo, puesto que nos permite observar otra realidad menos conocida. Cada una de las más de cincuenta líneas que observamos dispone de unas sesenta jaulas donde casi inmóviles se alojan los novillos en sus primeras etapas de engorde. Esta, como el resto de todas las macrogranjas —incluidas las de cerdo en Cataluña— por muchas medidas de seguridad que utilicen, no pueden evitar que, con cierta frecuencia, un virus de cualquiera de estos animales con un sistema inmunitario deficiente por el estrés al cual está sometido infecte a un empleado iniciando la cadena de contagios. Recordemos las muertes y el tremendo susto que generó el salto de un influenzavirus porcino al ser humano en México en la llamada gripe A.

Como se ha podido apreciar, los tres monocultivos comentados (podríamos añadir seguramente el maíz) tienen una relación estrecha entre ellos: la producción de carne insana, barata y de mala calidad bajo modelos industriales. Efectivamente, casi toda la soja, pero también una parte del aceite de palma se dedica a la elaboración de piensos que alimentarán a los animales criados en granjas intensivas como la visitada en el Lluçanès. Hay cálculos más contundentes, pero no nos equivocamos si afirmamos que al menos una tercera parte de la tierra agraria mundial se dedica a estos propósitos y funciona bajo este modelo uniformador, responsable de la gravísima pérdida de biodiversidad que sufre nuestro planeta y que se conoce como la sexta extinción. El pasado diciembre de 2019 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat hicieron públicos datos que indican que en Cataluña un 75 % de las especies y el 60 % de los hábitats están en estado de conservación desfavorable.

Y ahora, para acabar, mejor apagamos las pantallas y visitamos cualquiera de los huertos ecológicos que tengamos más próximos. En este pequeño espacio se observa muy bien, con los cinco sentidos, que la vida en la naturaleza se sustenta en una complejísima maraña de relaciones entre un inmensa cantidad de seres vivos. Es una orquesta sinfónica donde todos los sonidos de cada uno de los instrumentos emitidos en el mismo instante acaban creando una pieza preciosa y armónica. Un equilibrio mágico que ningún monocultivo puede reproducir y que lo convierte en un simple creador y acelerador de plagas.

P.D. ¿No había dicho qué hablaría de cuatro monocultivos? Simplemente lo citaré, aunque es el más grave de todos. Hablamos del monocultivo que  Vandana Shiva denominó «el monocultivo de pensamiento», que es aquel que nos hace comulgar con ruedas de molino y creer en el inverosímil dogma capitalista según el cual el crecimiento económico en un planeta finito es la manera de garantizar nuestras vidas.

Fuente: Palabre-ando

La zona rural es donde más se miran los efectos nefastos del modelo neoliberal impuesto por las élites nacionales y el gran capital transnacional.

Pueblos indígenas y negros, comunidades campesinas sufren los principales embates de una crisis sanitaria que pone al desnudo la crueldad y falta de humanidad de este sistema.

Pese a dificultades y limitaciones, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh e hija de Berta Cáceres, aseguró a La Rel que es imprescindible redoblar esfuerzos e impulsar formas de autogestión y soberanía alimentaria.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a las comunidades indígenas?

-Vino a agudizar aquellas problemáticas que ya son casi crónicas, en particular el desabastecimiento de alimentos.

Afortunadamente la mayoría de comunidades organizadas en el Copinh son productoras de granos básicos. Pero hay otras que sufren escasez de agua y que viven momentos muy difíciles.

Además, la cuarentena imposibilitó la venta de productos comunitarios y otras actividades comerciales informales. También hay un recrudecimiento de la violencia de género y un incremento de los abusos policiales y militares.

Sin cuarentena para los abusos

-¿Ha habido muchos abusos?

-La cuarentena les permitió adueñarse de las calles, atacando de manera selectiva y con saña a quienes identifican como opositores. Y como nadie los controla, hacen lo que les da la gana.

Miembros del Copinh han sufrido golpizas y detenciones arbitrarias. En otras zonas del país se registraron muchos casos de represión y violación de derechos humanos.

-¿También ha habido cuarentena para el extractivismo en Honduras?

-Para nada. Uno de los primeros actos del gobierno, luego de declarar el estado de emergencia, fue lanzar una plataforma digital para presentar solicitudes de licencia ambiental en línea. Las autoridades se comprometían a otorgar la licencia en un plazo de 90 días.

Además, en apego a la Ley de Secretos Oficiales, todo lo que está relacionado con estudios técnicos ambientales se considera “información reservada”. Tampoco se puede conocer la ubicación de los proyectos.

No sólo el extractivismo no se ha detenido, sino que vemos como siguen burlándose de quienes venimos luchando para que se garantice a las comunidades el derecho a la consulta previa, libre e informada.

-¿Cómo se ha organizado el Copinh para apoyar a las comunidades?

-Hemos potenciado el funcionamiento de nuestras radios comunitarias para posicionar cuatro puntos importantísimos.

El primero fue desarrollar una campaña sobre medidas de prevención y convivencia con personas contagiadas. Tuvimos el apoyo de médicos de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación y fue una campaña muy aterrizada a la realidad y limitaciones de las comunidades.

“Honduras solidaria”

Las radios sirvieron también como espacio de denuncia de abusos, así como de la corrupción gubernamental relacionada con la distribución de alimentos. El programa “Honduras Solidaria” fue una farsa. Fue indignante.

También se trabajó para la promoción de la soberanía alimentaria, dando todos los elementos para multiplicar los huertos familiares y comunitarios, y así diversificar la oferta alimentaria.

Finalmente se desarrollaron campañas dirigidas a la población infantil y juvenil para promover la educación, en vista de la reapertura de las escuelas.

Aparte de eso, tuvimos también que apoyar con alimentos algunas comunidades que sufren escasez crónica de agua y la producción no da abasto, producimos cartillas de salud y hasta proveemos tela para hacer mascarillas.

En fin, fue todo un trabajo de auto organización que envía señales importantes.

-¿Qué tipo de señales?

-Los impactos de la pandemia, sumado al saqueo presupuestario del régimen y el enorme endeudamiento, van a traer consecuencias gravísimas.

Por eso queremos apoyar más el desarrollo de huertos familiares y comunitarios, reivindicando la autonomía de las comunidades, la soberanía alimentaria y un modelo diferente de agricultura.

Fuente: REL-UITA