En general, el contenido de esta Ley limitaba y encarecía la producción agrícola, y ponía en riesgo la alimentación de las familias que viven del campo y de los consumidores en las ciudades, ya que supone un aumento de precios.

El fallo de la Corte es un avance importante para Honduras en la defensa de la soberanía alimentaria, pues la también conocida como “Ley Monsanto” era un mecanismo de privatización mediante la imposición de derechos de propiedad intelectual, que en la práctica se traduce en que los campesinos no podrían sembrar con sus propias semillas, sino que deberían adquirirlas en el mercado.

Los esfuerzos para derogar esta ley que limitaba la producción, alimentación y nutrición de las familias rurales fueron impulsados por la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), quienes el año 2016 interpusieron un recurso legal para declararla inconstitucional, el cual fue rechazado, y el año 2018 junto a otras organizaciones campesinas y productoras presentaron nuevamente el recurso que concluyó con un fallo favorable.

La Corte Suprema de Justicia expuso en su dictamen que “El Decreto legislativo Nº 21-2012 atenta con la  soberanía y libre determinación de nuestro país al otorgar derechos de obtención de nuestras semillas criollas y variedades vegetales para uso comercial… El Convenio UPOV (nombre internacional que recibe la Ley de Obtentores Vegetales) violenta preceptos constitucionales a favor de la vida, la dignidad humana y el derecho de los hondureños y hondureñas a tener un nivel de vida adecuado. Atenta contra el derecho humano a la alimentación y a la salud”.

Por su parte, el Director de ANAFAE, Octavio Sánchez, expresó: “La Ley Monsanto vulnera la Constitución porque limita el desarrollo de la población. En un país donde muchas familias dependen de lo que cultivan para subsistir, este tipo de decretos los condenan al hambre. Pero lo importante es que la Corte por unanimidad tomó una decisión que favorece a toda la población. Este es un triunfo para Honduras”.

leer mas aqui. https://docs.google.com/document/d/1-84RVNwR5j3UquGjGOOn7DvtVUKt1Nh3/edit?usp=sharing&ouid=112482775000003439413&rtpof=true&sd=true

Produce alimentos sanos libres de venenos químicos y transgénicos. Apoyemos a las familias agroecológicas consumiendo sus productos sanos, sabrosos,  saludables.

“Si es aprobada, las compañías suizas en el futuro tienen que asegurarse que en su cadena de producción no haya violaciones de derechos humanos y del medio ambiente. Tienen una obligación de cumplir y reportar cualquier violación”, explicó a Télam Nina Burri, abogada de la ONG “Pan para todos” y parte de la campaña a favor de la iniciativa.

“Además, y creo que es lo más importante para América Latina, si ocurre alguna de estas violaciones, las víctimas pueden iniciar una demanda en Suiza y pedir una compensación”, añadió la letrada especialista en Derechos Humanos.

Muchas de las multinacionales con sede en Suiza son del sector de los commodities, como la minera Glencore, que tiene el paquete accionario mayoritario de las firmas que operan en el yacimiento Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, y también tiene actividades en Bolivia y Perú entre otros países de la región.

En Perú, por ejemplo, controla la minera Volcán, un importante productor global de zinc, plata y plomo, pero también responsable de la emisión de metales pesados que provocó que unos 2.000 niños presenten síntomas crónicos de intoxicación, sufren anemia, discapacidades y parálisis, de acuerdo a lo que denuncia la comunidad de la localidad de Cerro de Pasco.

“Yo misma trabajé en la República Democrática del Congo donde se investigó el efecto de los yacimientos de Glencore que contaminó los ríos, la tierra y el aire con químicos tóxicos que causaron problemas de salud a las comunidades alrededor de las minas”, destacó Burri.

La iniciativa cuenta con el apoyo de una coalición de diputados de un amplio espectro político, docentes universitarios, sindicatos, 130 ONGs y organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal
Entre la larga lista de multinacionales alcanzadas por la consulta que se vota este domingo están la alimenticia Nestlé, las farmaceúticas Roche y Novartis, la energética Mercuria o la constructora LafargeHolcim, señalada por la contaminación a través de partículas finas de cemento en Nigeria y, más recientemente, en el río Sena de París.

También incluye a la firma de agroquímicos Syngenta que, de acuerdo a Burri, “exporta pesticidas que son prohibidos en Europa, pero no en otros lugares como India, donde son parcialmente responsables de la muerte de granjeros”.

La iniciativa, que recogió 120.418 firmas para poder ser impuesta a votación gracias al sistema de democracia directa que existe en Suiza, cuenta con el apoyo de una gran coalición de diputados de un amplio espectro político, docentes universitarios, sindicatos, 130 ONGs y organizaciones religiosas, como la Conferencia Episcopal.

Entre los detractores está el Gobierno y la mayoría en el Parlamento suizo que a cambio prometieron un contraproyecto.

Entre los detractores está el Gobierno y la mayoría en el Parlamento suizo que a cambio prometió un contraproyecto que introduzca nuevas leyes para que las empresas refuercen sus controles en el extranjero, aunque sin avalar las acciones legales en caso de una violación.

“Esta propuesta va demasiado lejos, es demasiado radical”, dijo la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, en línea con el pensar del Consejo Federal (Ejecutivo) que afirmó su preocupación a que las firmas suizas tengan que hacerse responsables por sus proveedores independientes.

En el mismo sentido se manifestaron varias organizaciones patronales que defendieron el espíritu de la iniciativa, pero que consideran que no es la solución al problema con reglas estrictas que pueden desalentar la inversión y la creación de empleo.

“Violar los derechos humanos no debe ser una ventaja económica en el mercado internacional”NINA BURRI

“Pondría a las empresas suizas ya debilitadas por la pandemia en grandes dificultades. Suiza es un país muy pequeño. No deberíamos ser una placa de Petri donde no hay garantía de que esos experimentos tengan un resultado positivo”, aseguró Erich Herzog, de la federación de empresas Economiesuisse, en declaraciones a la cadena británica BBC.

Burri criticó estos argumentos e indicó que “violar los derechos humanos no debe ser una ventaja económica en el mercado internacional”.

Afirmó que las multinacionales eligen Suiza como país para basar sus sedes por los impuestos, sus leyes, la estabilidad y un personal altamente calificado, por lo que “ninguna gran empresa va a abandonar el país si se aprueba la iniciativa”.

Las encuestas de opinión reflejan un cabeza a cabeza en los resultados de la consulta, como el sondeo realizado hace pocas semanas por el grupo de prensa Tamedia que dio 51% de los votos a favor de adoptarla.

Fuente: Télam

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.​

Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos

El virus del Covid-19 ha eclipsado durante algún tiempo la creciente crisis climática y ambiental que enfrenta el mundo. Los alarmantes índices de deforestación, desertificación, degradación ambiental y contaminación continúan amenazando la biodiversidad de nuestro planeta, así como la salud y los medios de vida de miles de millones de personas.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas sustanciales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales de hecho están “redoblando la apuesta”. Quieren explotar más tierras apelando a un discurso basado en el eufemismo de darles un “uso productivo” en nombre del “progreso” y el “desarrollo” económico. En todo el mundo, los gobiernos se ven presionados a invitar a inversionistas internacionales para que exploten más tierras y recursos para la tala, la ganadería, las plantaciones de palma aceitera, de árboles maderables y otros cultivos, así como para minería, petróleo y gas.

Sin embargo, un obstáculo para esta expansión han sido los regímenes de tenencia de la tierra que prevalecen en varios países, así como los derechos que otorgan a las personas que viven en esas codiciadas tierras. Un 65 por ciento de la superficie terrestre del mundo todavía está administrado por comunidades con sistemas consuetudinarios (1). Se ha demostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son eficientes administradores de su tierra, gestionada bajo una variedad de sistemas de tenencia comunitaria y colectiva.

Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, que contiene un 80 por ciento de la biodiversidad mundial (2). Varios países anteriormente colonizados han adoptado sistemas duales de tenencia de la tierra, los cuales reconocen las leyes consuetudinarias sobre la misma y, a la vez, establecen que toda la tierra es propiedad del Estado (3). Esta situación se considera una limitación para los inversionistas y las empresas. Como lo expresó el Banco Mundial, “los derechos indocumentados [sobre la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” (4), y en el caso de África, el continente está “frenado por la confusión en materia de propiedad de la tierra” (5).

Promoviendo el despojo

Un informe reciente del Instituto Oakland titulado “Promoviendo el despojo: el empuje global para desbloquear el potencial económico de la tierra” (Driving Dispossession: The Global Push to Unlock the Economic Potential of Land) (6), detalla las diversas formas en que los gobiernos, voluntariamente o por la presión de las instituciones financieras y los llamados países donantes, intentan privatizar la tierra y hacerla accesible para ser explotada. Esas formas incluyen a las reformas agrarias, cambios en las leyes y reglamentaciones, uso de nueva tecnología para el registro de tierras, así como la eliminación de las salvaguardas vigentes que protegen a los pueblos indígenas y el medio ambiente.

El informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos

Es importante destacar que el informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos, a través de una serie de vías. Millennium Challenge Corporation (MCC), una entidad del gobierno estadounidense con la misión declarada de “reducir la pobreza a través del crecimiento”, tiene un historial documentado de presionar a los países para que transfieran tierras de agricultores familiares a inversionistas para desarrollar la agricultura industrial. En Sri Lanka, el convenio de la MCC tiene la intención de mapear y registrar hasta el 67 por ciento del país para “promover transacciones de tierras que puedan estimular la inversión y aumentar su uso como activo económico”.

Al igual que la MCC, y en contradicción con su propia investigación que durante mucho tiempo reconoció el valor de los sistemas tradicionales, la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID) también juega un papel importante en el financiamiento y promoción de proyectos de titulación de tierras de propiedad privada en todo el mundo. Las empresas estadounidenses también están cada vez más involucradas y han introducido una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques) como la solución mágica para asegurar la tenencia de la tierra.

Blockchain es un registro financiero digital que realiza un seguimiento de las transacciones en una “cadena” cronológica, con “bloques” de información que almacenan datos tales como la fecha, la hora, la cantidad y los participantes de una transacción. Es un registro financiero distribuido, lo que significa que cada vez que ocurre una transacción, debe ser verificada por una red de miles o posiblemente millones de computadoras en todo el mundo antes de que la transacción pueda registrarse como un bloque de la cadena. Esto hace que sea prácticamente imposible alterar las transacciones de forma retroactiva (7).

Los defensores del uso de la tecnología blockchain para la administración de tierras argumentan que tiene el potencial de mejorar la seguridad y la transparencia de los registros de tierras en la medida que almacena toda la información sobre los límites de la propiedad y los propietarios en una fuente en línea inmodificable. Sin embargo, la aplicación de la tecnología requiere que los países avancen hacia sistemas de propiedad privada de la tierra, que requerirán registro y digitalización.

El programa de titulación de tierras de Zambia basado en blockchain, dirigido por una subsidiaria de la tienda virtual estadounidense de venta al público Overstock.com, demuestra cómo blockchain se usa realmente para privatizar la tierra y acceder a los recursos naturales. Patrick Byrne, exdirector ejecutivo de Overstock.com, dejó claras sus motivaciones cuando dijo que el objetivo del proyecto era desbloquear billones de dólares de reservas minerales mundiales que son inaccesibles debido a sistemas poco claros de gobernanza de la tierra. En 2018, Overstock.com firmó un acuerdo con el Banco Mundial para colaborar en proyectos similares en decenas de otros países, pero hasta ahora el Banco se ha negado a hacer público este acuerdo.

Estados Unidos también tiene un poder político y financiero desmesurado sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven políticas y reglamentaciones destinadas a privatizar los comunes en beneficio del sector privado.

En Ucrania, por ejemplo, el FMI condicionó el apoyo financiero que se necesitaba desesperadamente a la creación de un mercado de tierras. Después de años de presión internacional y en medio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, el país adoptó una ley que crea un mercado de tierras a pesar de la oposición de más del 70 por ciento de la población.

Cuando se trata de apoderarse y privatizar tierras en el Sur Global, el Banco Mundial es un instrumento clave de la agenda empresarial encabezada por los Estados Unidos, que es el principal donante de la institución.

Financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, el programa del Banco Mundial Facilitando los Negocios en la Agricultura (conocido por sus siglas en inglés, EBA) se supone que respaldará la “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el desarrollo agrícola desde el sector privado en África.

En 2019, el informe del Oakland Institute, “El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales” (The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons), denunció el agresivo ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra impulsado por el programa, que promovió la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores, pastores y pueblos indígenas.

A través de la EBA, el Banco recomendó a los gobiernos formalizar los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y arrendamiento de terrenos para uso comercial, sistematizar la venta de terrenos públicos en subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación para dar el “mejor uso” a la tierra. Ignoró el hecho de que miles de millones de personas viven y trabajan en estas tierras, que son esenciales para sus medios de vida y representan bienes ancestrales con una profunda importancia social y cultural. Nuestros resultados generaron indignación en todo el mundo y, en lo que fuera un avance importante, el Banco finalmente eliminó el nuevo indicador de tierras en el informe de la EBA de 2019.

En cambio, reconoció la importancia de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y anunció que las salvaguardas para proteger estos derechos deberían ser “una prioridad del desarrollo” (8). La eliminación de dicho indicador es una victoria para miles de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas de todo el mundo que dependen de su tierra para su sustento, así como para las más de 280 organizaciones de la sociedad civil que se han unido a la campaña  Our Land Our Business (Nuestra Tierra, Nuestro Problema) para hacer frente al Banco Mundial.

Más allá de los cambios retóricos (…) las recetas del Banco [Mundial] para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra.

Sin embargo, más allá de los cambios retóricos, como se vio anteriormente, las recetas del Banco para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra. En la República Democrática del Congo (RDC), el Banco Mundial, por ejemplo, ha financiado y guiado el desastroso plan del gobierno de establecer 22 parques agroindustriales en todo el país, lo que ha llevado al acaparamiento de tierras y al despilfarro de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en la implementación del primer parque piloto (9).

El apoyo a los parques agroindustriales es coherente con el modelo de desarrollo impulsado por el Banco Mundial en todo el mundo, que fomenta polos de crecimiento, corredores de desarrollo y zonas económicas especiales como instrumentos para atraer inversión extranjera.

En lugar de proteger los derechos de las comunidades a la tierra, se alienta a los gobiernos a actuar bajo la suposición profundamente errónea de que el “desarrollo” solo puede lograrse otorgando a los intereses empresariales acceso ilimitado a sus recursos, como lo promueven el Banco Mundial y los llamados países donantes.

La privatización de la tierra estatal y comunal, realizada con el pretexto de “desbloquear” el potencial de la tierra, satisface las necesidades de los intereses empresariales a expensas de millones de medios de vida y sustento. Al fomentar la creación de “mercados de tierras”, el Banco no puede ignorar que dentro de un sistema de mercado donde la tierra no es más que una mercancía, las empresas pueden excluir a las personas provocando desalojos y despojo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas y degradación ambiental.

El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Este discurso del desarrollo continúa cobrando fuerza, a pesar del papel decisivo que ha tenido en la actual crisis climática y ambiental, así como de los millones de medios de vida que ha destruido con desplazamientos y despojo. El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Esta persistente mercantilización de la tierra debe confrontarse con una fuerte acción para detener y revertir la privatización de los territorios y los comunes en todo el mundo. Existen alternativas comprobadas que se han implementado con éxito en todo el mundo. Las tierras y aguas indígenas representan el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo, y cada vez más se acepta que las comunidades locales y los pueblos indígenas son guardianes efectivos de estas áreas. Se posicionan como la última línea de defensa contra el acaparamiento de tierras y las prácticas destructivas de gobiernos y empresas que convierten las tierras de cultivo familiares, los pastizales y los bosques en monocultivos industriales, grandes ranchos y minas desmanteladas.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.

Fuente: Servindi

El Valle del Sula y la Moskitia, fueron las zonas mas afectadas por las severas inundaciones que produjo el ETA al fusionarse con el frente frio #11m dando lugar a una interminable lluvia, la que aparentemente obligó a efectuar descargas de la hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como el Cajón la que se encuentra ubicada en el centro del país.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha manifestado en diversas ocasiones que no han efectuado ninguna desscarga de la hidroeléctrica indicando que las inundaciones son producto de las enormes precipitaciones pluviales que se dieron durante el ETA; no obstante los afectados señalan que fueron descargas efectuadas durante los días 3 y 4 de noviembre.

La cota actual del Cajón se mantiene en 285 metros, el cual es su máximo nivel operativo y es posible que ante el arribo de un nuevo fenómeno meteorológico que se cierne sobre Centroamérica la ENEE se vea obligada a efectuar descargas controladas.

Feriado Morázanico  y manejo de conteciones a ritmo de regatón.

El arribo de la impresionante tormenta se dio a los 22 años del huracán Mitch, el que destruyó Honduras en 1998, demostrando la enorme vulnerabilidad ambiental del país, especialmente la grave condición de las cuencas hidrográficas que se encontraban para aquel entonces totalmente sedimentadas como consecuencia de la  masiva deforestación a lo largo y ancho de Honduras. 

A pesar de las predicciones sobre la llegada del fenómeno al caribe centroamericano, la actual administración  gubernamental insistió en decretar  un feriado de una semana, con el propósito de “fortalecer el turismo interno”, rubro que se vio afectado por la pandemia de Sars II. A pesar que el país no ha superado la primera oleada de la pandemia, los “honorables” gobernantes insistieron en llevar a cabo el “feriado”, el cual solo fue suspendido a ultimo momento cuando ya el país estaba siendo afectado por la Tormenta ETA

Semana antes de la desastrosa tormenta, el gobierno designó  como encargado de COPECO -ente estatal encargado de responder a las contingencias- a un conocido regetonero, que manifestó de forma publica no contar con experiencia alguna en la materia.

El “amateurismo” demostrado por el gobierno de JOH, en materia ambiental y en el manejo de desastres, ha tenido como resultado catástrofes que culmina con oleadas  migraciones masivas, tal como se a dado en el el corredor seco del país.

Algo similar a lo sucedido con el Cajón se dio con la represa del Patuca III, la que hasta la fecha no ha sido inaugurada, después de un largo proceso de construcción, salpicado de denuncias de corrupción en todos los niveles. Las descarga del Patuca afectaron muchas poblaciones entre ellas comunidades indígenas ribereñas que perdieron sus cultivos. Cabe señalar que la ENEE, no utiliza el sistema de alerta temprana que indica los protocolos de descarga.

El desastre ambiental y el colapso del a gobernabilidad.

A dos décadas de haber sido semidestruido Honduras por el huracán Mitch, la actual administración sucumbe en medio de la corrupción y violencia imperante.  La lección del Mitch no fue asimilada y nunca se llevo a cabo una estrategia de recuperación de cuencas hidrográficas. Y lo peor es que la palma africana suplantó buena parte de los humedales, costeros, acentuado de esta forma las posibilidades de verse afectadas las comunidades por inundaciones. 

Las imágenes de cientos de personas atrapadas sobre techos de sus viviendas que lamentablemente se dieron en días recientes, puede darse de nuevo, e incluso de forma más severa, con el arribo de la tormenta que probablemente se avecina.

Mientras tanto el gobierne insiste en un lavado de imagen permanente ante la catastrófica década, donde se dedicaron  al saqueo del país al mismo tiempo que apostaron por la militarización para acallar los reclamos de la población.

Así que a ritmo de regatón, en el país gobernado por un grupúsculo de inútiles,  saqueadores y genocidas esperamos el próximo diluvio. 

Fuente: OFRANEH

Como Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro acuerdo con la preocupación del Gobierno por obtener divisas requeridas para generar un desarrollo socio económico nacional. Así mismo, coincidimos en que la demanda de carne de cerdo por parte de China abre una oportunidad. Sin embargo consideramos que el Acuerdo que se negocia no es sustentable en lo sanitario ni en lo ambiental y que creará un sector concentrado de la cadena de valor porcina que no contribuye a la democratización de la economía. En lo particular sostenemos:

1- El Acuerdo significa traer para la Argentina un problema grave que tiene China por la cría industrial de cerdos: la peste porcina africana (PPA) que ha diezmado los criaderos de cerdos en China el último año, son la razón por la cual China propone este acuerdo.

2- Los criaderos industriales de cerdos son una fuente de contaminación por los miles de toneladas de excrementos que producen, y generan allí donde se instalan una fuerte conflictividad social.

3- La cría industrial de cerdos, como toda ganadería industrial, lleva irremediablemente a la generación de resistencia bacteriana a antibióticos como lo ha denunciado la OMS. Según el propio Instituto Malbrán, esto constituye uno de los principales problemas de salud pública que se cobra 800.000 vidas al año en todo el mundo.

4- El hacinamiento y la debilidad inmunológica de los animales son el caldo de cultivo “ideal” para mutaciones virales. Nuevos virus con potencialidad de producir pandemias. Al respecto acaban de encenderse alarmas en China y Brasil.

5- La propuesta de 25 criaderos con 12 mil madres cada uno, plantea un modelo de producción y un crecimiento en los niveles de producción a los que Argentina no puede adecuarse desconociendo todos los efectos adversos que provocarán a la población.

6- La cría industrial de cerdos va asociada a la producción de soja y maíz transgénico para la alimentación de los animales, con lo cual también contribuye a la ampliación de la frontera agrícola y los daños que conocemos: la usurpación de tierras a comunidades campesinas e indígenas, destrucción de monte nativo y migraciones forzadas a los bordes de las grandes ciudades, contaminación, pérdida de biodiversidad, etc.

7- El consumo de agua requerido para la cría de cerdos a esta escala significará un importante impacto para los territorios donde se produzca.

8- Los únicos beneficiarios de este modelo serán los grupos corporativos chinos y argentinos que lo impulsan sin que haya un “derrame” hacia las comunidades ni el desarrollo local. Por el contrario proyectos de este tipo son una amenaza para la agricultura familiar campesina e indígena, de pequeña y mediana escala, que irá a la quiebra en caso de un brote como el de PPA en China.

9- Se generarán mayores emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos atravesando por el incremento en el uso de combustibles fósiles y los propios gases que la actividad genera.

10- Se producirá un incremento de las enfermedades de los trabajadores, muy frecuentes en este tipo de explotaciones; tal como se ha comprobado con la transmisión del COVID-19 en frigoríficos y establecimientos de cría durante esta pandemia.

Desde las organizaciones que suscribimos este documento, entendemos que frente a la crisis económica que tiene a la mitad de nuestro pueblo sumergido en la pobreza, hay formas mejores que el proyecto del asunto: es posible multiplicar la producción de carne de cerdo, abasteciendo al mercado interno, a los consumidores que eligen y demandan carne de cerdo producida en condiciones de bienestar animal, producción sustentable y con productores familiares y Pymes. También podemos exportar y generar divisas para el país, con un esquema de miles de granjas de hasta 200-300 madres, con una fuerte presencia del Estado en eslabones claves de la cadena de valor. Este es un esquema que apunta a la Soberanía Alimentaria porque es capaz de garantizar el cuidado sanitario y ambiental, además de generar verdadero desarrollo y arraigo rural. Implica apostar a la potencia que la agricultura familiar campesina e indígena demostró apenas declarada la pandemia en la producción y distribución de alimentos, lejos de las lógicas especulativas que sí desplegó el capital concentrado.

Consideramos que necesitamos debate e intercambio sobre cómo avanzar con este acuerdo, poniendo en consideración lineamientos para llegar a una propuesta en sintonía con los intereses de toda la comunidad. Una instancia necesaria para llegar a una propuesta consensuada que sin duda contribuirá al fortalecimiento de nuestra democracia.

Fuente: Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular

La solución a estos problemas, como lo sugiere la FAO, es la transición a la agricultura sustentable. Esta ha sido practicada por numerosos grupos indígenas desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo 20, que visionarios como Eve Balfour y Lord Northbourne comenzaron a popularizar el término por medio de su trabajo que confirma la importancia de la diversidad, el conocimiento ecológico y el valor de la agricultura familiar a pequeña escala. Las evidencias científicas sugieren que necesitamos urgentemente una reconstrucción total del sistema agroalimentario y en varios países, incluyendo a México, se han iniciado planes para lo que se ha denominado la “transición agroecológica”.

La agroecología incluye una serie de prácticas y principios ancestrales que incluyen el uso de variedades nativas, los cultivos intercalados, la agroforestería, la conservación de semillas, medidas de conservación de suelos, tal como la labranza cero o reducida; y la producción de abonos a partir de materiales locales.

Aunque es esperanzador ver esta ola de interés para transformar la forma en que cultivamos, la simplificada versión de la agroecología que se está promoviendo es preocupante. La transición agroecológica tiene como punta de lanza una mera “sustitución de insumos”. Se promueve sustituir los fertilizantes y plaguicidas sintéticos por aquellos que son orgánicos.

No nos tomen a mal: nosotros apoyamos las acciones que motivan a cambiar de convencional a orgánico. Sin embargo, debemos distinguir las prácticas que son sustentables de las que solo tratan de dar respuestas rápidas y pretenden ajustarse a todas las condiciones, tal como lo hicieron las tecnologías que nos llevaron al lío en el que estamos metidos.

Por mas de una década hemos documentado la efectividad de las prácticas tradicionales de agricultores indígenas de Guatemala y documentado estrategias para la sustentabilidad. Como en otras áreas de Mesoamérica, las familias con las que trabajamos confrontan serios retos para mantener su herencia campesina. La sequía es cada vez mas frecuente y severa; el contexto político económico es hostil, y las consecuencias de la violencia de los años 80, cuando aldeas enteras fueron arrasadas por el ejercito y paramilitares, aun persisten.

Como una forma de mejorar la soberanía alimentaria y atender la restauración cultural y ambiental, muchas familias se han volcado o retornado a la agroecología. Por medio de la diversificación de cultivos, el rediseño y el uso sustentable de recursos locales, se han hecho más resilientes y menos dependientes en insumos externos. El sistema milpa, desarrollado en Mesoamérica hace miles de años, es una de las mejores estrategias para mantener la humedad del suelo, enfrentar el cambio climático y brindar una dieta sana.

Estas familias tienen que resistir programas nacionales e internacionales que regalan agroquímicos y semillas híbridas, que a pesar de aumentar los rendimientos en los primeros años, no pueden ser guardadas y según los productores no resisten la sequía. La lógica detrás de esos programas, además de apoyar una industria multimillonaria, es proveer soluciones rápidas a problemas relacionados con la falta de nutrientes en el suelo, así como reducir los costos de mano de obra. La sustitución por bioinsumos orgánicos podría minimizar los daños asociados al uso de agroquímicos sintéticos. Entonces, ¿qué hace a esos bioinsumos tan incompatibles con los sistemas agrícolas sostenibles?

Para comenzar, como lo sugiere el experto en sustentabilidad Jules Pretty, el fundamento de cualquier sistema agrícola sostenible es el uso efectivo e ingenioso de los recursos locales por parte de pequeños agricultores locales. Para que esto ocurra se necesita un fuerte capital social, un íntimo conocimiento de la ecología del lugar e innovación continua. Los problemas con la introducción de “bioinsumos” en las comunidades es el desplazamiento de las prácticas locales y el riesgo de crear nuevas formas de dependencia. Tal como la introducción de agroquímicos provocaron disturbios en los procesos agroecológicos locales hace 40 años, los equivalentes orgánicos continúan este ciclo, desplazando los saberes locales sobre cómo mantener la fertilidad del suelo por medio del cuidadoso manejo de la materia orgánica, sobre cómo evitar las plagas por medio de los policultivos y el conocimiento de los tipos de suelo y microclimas, que entre las familias con las que trabajamos, involucran una profunda conexión con el territorio y su gobernanza.

Además hay cierta evidencia de que los bioinsumos podrían afectar a los microorganismos nativos del suelo y a los insectos benéficos. Los biofertilizantes producidos en un laboratorio podrían ser de utilidad en una región donde el uso intenso de agroquímicos ha eliminado la vida en el suelo, pero podría eliminar a las bacterias y hongos que las prácticas tradicionales han logrado mantener vivos para darnos cultivos ricos y nutritivos. Algunos bioplaguicidas son muy específicos y atacan únicamente a una plaga, pero la mayoría también afectan a polinizadores como las abejas, y a catarinas y avispas que controlan a las plagas.

Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideran al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas. Necesitamos reconocer a aquellos que mantienen los saberes tradicionales, apoyar a los grupos comunitarios, e introducir nuevas técnicas solo cuando sean fácilmente apropiables, en armonía con el entorno natural y cultural, y cuando se haya considerado su impacto desde una visión ecológica.

Solo cuando esto ocurra veremos cambios para una agricultura y un sistema alimentario verdaderamente justos.

Fuente: La Jornada

Este miércoles, 29 de julio, hace justo un año que tuvo lugar el denominado ‘Earth Overshoot Day’ o Día de la Sobrecapacidad de la Tierra de 2019, una fecha que marca el momento en que consumimos todos los recursos biológicos que el planeta puede renovar por sí mismo en un año natural. Este año, esta fecha se alcanzará el 22 de agosto, por lo que se retrasa más de 3 semanas. Es una buena noticia para el planeta. El confinamiento por la crisis sanitaria ha reducido de forma temporal nuestra huella ecológica.

La fecha global del 22 de agosto se halla con la media de los días en los que los países alcanzan sus “días de sobrecapacidad”. El primero en alcanzarlo fue Qatar, el 11 de febrero, y el último Indonesia, el 18 de diciembre. España sobrepasó la capacidad de sus recursos naturales el 27 de mayo. 

La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre con los recursos naturales del planeta como el agua, los alimentos o los combustibles. La Tierra los regenera, pero a un ritmo insuficiente para hacer frente a la frenética actividad del ser humano, que los consume en una carrera sin freno. Este año, sin embargo, la paralización de servicios no esenciales debido al confinamiento global ha retrasado más de tres semanas esta fecha simbólica.

Tres semanas de respiro para un planeta exhausto y, junto al dolor por la crisis sanitaria, un mensaje para el optimismo: es posible vivir en un mundo más limpio si cambiamos nuestro modelo de producción y consumo por otro más respetuoso con nuestro entorno. Porque hoy, más que nunca, somos conscientes de que la salud de las personas está estrechamente relacionada con la salud del planeta.

La huella ecológica causada por la actividad humana se ha reducido, por la situación excepcional a la que ha obligado la pandemia, en un 9,3% en lo que va de año. La crisis del coronavirus nos ha dado tiempo para reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y ha aumentado nuestra conciencia ecológica. En los últimos años la actividad humana habría necesitado 1,6 planetas satisfacer sus necesidades. 2020 se presenta como una excepción que nos muestra el camino y que demuestra que un cambio es posible, que algún día podremos vivir y prosperar sin pasarnos del presupuesto ecológico de nuestro planeta.

El agua, el recurso más castigado

Dentro de todos los recursos que consume el ser humano por encima de sus capacidades, está el agua, elemento indispensable para la vida que juega un papel vital en el equilibrio de los ecosistemas. Además de la sobreexplotación, el agua se enfrenta a otra crisis fruto de la acción humana: el cambio climático, que está cambiando el ciclo global del agua, haciéndose cada vez más escasa, menos previsible y más violenta cuando llega en forma de lluvia.

Las empresas gestoras del abastecimiento de agua y saneamiento están jugando un papel fundamental en la conservación de este recurso. No solo en la introducción de modelos cada vez más circulares y sostenibles en la producción, sino también en el compromiso con la reducción de su huella ecológica y con la lucha contra el calentamiento global.

Es el caso del proyecto REwater Global Plan (2017-2021) para cuidar el planeta y a las personas de la compañía SUEZ España, que sigue los pasos ya afianzados en años anteriores. En 2019, SUEZ España redujo en un 83,7% las emisiones potenciales derivadas de su consumo eléctricogracias a la compra de energía verde en 2019. Además, produce en sus instalaciones energía renovable (biogás, hidráulica, eólica y solar fotovoltaica) equivalente a más de 100 GWh, entre otros avances.

El grupo es pionero en la transformación de sus depuradoras en biofactorías, que generan cero residuos, tienen autosuficiencia energética y no causan ningún impacto ambiental. La economía circular, el cuidado de la biodiversidad y la adaptación a las ciudades de modelos basados en la naturaleza forman parte también de su acción cotidiana.

El sector del agua es uno de los más comprometidos con el futuro del planeta, que nos está dando una segunda oportunidad. Es nuestra responsabilidad no desaprovecharla, colaborando y uniendo fuerzas para lograr una reconstrucción verde y sostenible.

Fuente: ELAGORADIARIO